Tras la sesión de la Asamblea Nacional en Samborondón, el sector extractivo ecuatoriano asimila las reformas a la Ley de Minería. Entre la expectativa por la simplificación de procesos y la incertidumbre jurídica que históricamente ha ahuyentado capitales, en una entrevista de Manavisión Plus, el ingeniero Hernán Guasumba explicó si estos cambios normativos son suficientes para potenciar un país que, según sus cifras, no ha explorado técnicamente ni el 10% de su territorio.
-Se aprobó la ley la semana anterior en la Asamblea Nacional que sesionó en Samborondón. ¿Qué sacar de positivo? ¿Cuál es su percepción y lectura técnica?
Finalmente, desde el punto de vista netamente técnico, yo podría decir que esto se manifiesta en algunos temas muy positivos para nuestro país. Tenemos que entender que había muchos temas administrativos complejos para desarrollar proyectos y completar fases de exploración. Aquí se ha dicho muchas veces que el país ya está explorado totalmente; técnicamente decimos que no hemos llegado ni al 10%.
Esta nueva normativa, más allá de lo que dicen algunos grupos sobre la simplificación de permisos ambientales, lo que permite es definir exactamente qué pasa con nuestros recursos. Hay muchas áreas concesionadas, pero la conflictividad socioambiental y la desinformación no permiten completar las fases. Si un proyecto no avanza por falta de interés económico, el país gana conocimiento geológico; ya sabemos que ahí no hay mineral y podemos desarrollar otras actividades.
-En el Ecuador se aprueban leyes con frecuencia, pero cuesta hacerlas cumplir. ¿Qué debe hacer el Estado para garantizar que se respete esta ley de minería?
Hay dos cosas importantes. Primero, los cambios de leyes a cada momento nos dan inseguridad jurídica, sobre todo ante los inversionistas internacionales. Desde afuera nos ven y dicen: "Llega un nuevo gobierno y cambia la ley". Esa inestabilidad desmotiva la inversión extranjera.
Lo segundo es que la debilidad del Estado es el control. Tenemos que potenciar y fortalecer a los entes de control para que cumplan sus funciones. Por ejemplo, la ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero) últimamente se ha dedicado solo al tema de la minería ilegal. Se han enfocado en un solo punto y han perdido espacio en su razón de ser original: la regulación y la normativa. Si no tenemos el control suficiente en el Ministerio del Ambiente y la ARCOM, por más que cambiemos cualquier norma, seguiremos teniendo problemas.
-En torno a las regalías, ¿por qué cree que no se logró aprobar el artículo 29?
Las regalías son un tema muy complejo. Sin embargo, me gustaría resaltar lo que sí está aprobado: hacer una distribución ordenada hacia los GAD provinciales, cantonales y parroquiales. Poner reglas claras es fundamental.
Las regalías siempre han estado ahí, pero no tenían una trazabilidad clara. Antes existía Ecuador Estratégico, pero tras su desaparición en 2013, los recursos quedaron sin un norte claro y fueron manejados directamente por el Estado. Esa es parte de la problemática socioambiental; las comunidades aún no ven reflejado el encadenamiento productivo. Ahora, la ley especifica para qué se usarán los recursos en los GAD cantonales, priorizando temas como agua e infraestructura básica. Es un paso acertado, pero falta la normativa secundaria que refuerce esto.
-¿Cómo ve a la minería en el país de aquí a tres años, cuando finalice este gobierno?
Es difícil de conceptualizar. Llevo más de 25 años en el sector y el punto de vista de cada gobierno ha sido distinto, lo que complica las inversiones. Aunque el país ha ganado algo de confianza, existe incertidumbre internacional. Actualmente se desarrolla el PDAC en Canadá, que reúne a los inversionistas del mundo, y no creo que estemos entre los mejores postulados. No solo por los cambios normativos, sino por lo que nos ha costado levantarnos tras el ataque de la minería ilegal y los grupos de delincuencia organizada.
Debemos apostar a políticas públicas que se sostengan a largo plazo, a 20 o 50 años, sin importar el gobierno de turno. Necesitamos claridad no para cuatro años, sino para construir un camino. Creo que a través de esta ley y una futura reforma al Plan Nacional de Desarrollo Minero, podríamos continuar mirando hacia el norte.
