El océano Pacífico fue entre las décadas de 1960 y 1970 escenario de una de las disputas más tensas en la historia marítima del Ecuador.
Bajo aquellas aguas nadaba el atún aleta amarilla, uno de los recursos más valiosos del planeta, y sobre él chocaban dos visiones irreconciliables: la del Ecuador, que defendía su soberanía sobre 200 millas marítimas, y la de Estados Unidos, que apenas reconocía 12 millas de mar territorial.
Aquella confrontación sería conocida como la Guerra del Atún.
No hubo disparos ni bombardeos, pero sí persecuciones marítimas, barcos retenidos, presiones diplomáticas y amenazas económicas. Durante años, la Marina ecuatoriana patrulló el Pacífico intentando detener a enormes atuneros extranjeros que pescaban frente a las costas nacionales.
Todo comenzó oficialmente en 1952, cuando Ecuador, Chile y Perú firmaron la histórica Declaración de Santiago. El acuerdo proclamaba soberanía exclusiva sobre las 200 millas adyacentes a sus costas para proteger sus recursos marinos frente a las grandes potencias pesqueras.
Estados Unidos nunca aceptó esa tesis. Washington sostenía que las 200 millas eran una interpretación unilateral sin respaldo jurídico internacional. Por eso, sus flotas atuneras continuaron navegando frente a Sudamérica como si aquellas aguas siguieran siendo internacionales.
Desde San Diego, California, partían enormes barcos conocidos como "Clippers". Eran embarcaciones rápidas y modernas, capaces de transportar hasta 1.500 toneladas métricas de pescado. Empresas poderosas como Van Camps y Chicken of the Sea dominaban la industria atunera norteamericana y para 1952 controlaban una flota cercana a 240 barcos.
Su destino era el Pacífico ecuatoriano. Mientras tanto, la pesca nacional era rudimentaria. Los pescadores artesanales observaban con frustración cómo embarcaciones extranjeras capturaban toneladas de atún en aguas donde ellos apenas sobrevivían con pequeñas pangas.
Cuando los atuneros invadieron el mar ecuatoriano
La tensión aumentó aún más en 1972, cuando Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. La normativa prohibía la captura incidental de delfines durante las faenas atuneras.
Como esos mamíferos abundaban en aguas del norte, las flotas estadounidenses comenzaron a desplazarse hacia el sur, penetrando cada vez más en aguas reclamadas por Ecuador.
La Marina ecuatoriana respondió con vigilancia y controles. Con recursos limitados, patrullaba el océano y ocasionalmente lograba capturar barcos extranjeros pescando dentro de las 200 millas. Las embarcaciones eran llevadas a puerto, la pesca decomisada y los capitanes obligados a pagar multas.
Cada detención provocaba una tormenta diplomática. En Washington, la poderosa industria atunera inició un intenso lobby político. El Congreso estadounidense aprobó leyes para proteger a sus pescadores y garantizar que las multas impuestas por países como Ecuador fueran cubiertas por el propio Gobierno norteamericano.
Luego, ese dinero era descontado de la ayuda militar destinada a Quito. Era una forma de presión política y económica.
Sin embargo, Ecuador no retrocedió. Durante los gobiernos de Clemente Yerovi, Otto Arosemena, José María Velasco Ibarra y Guillermo Rodríguez Lara, la defensa de las 200 millas se convirtió en un símbolo de soberanía nacional.
Manta: el puerto que creció en medio del conflicto
En medio de aquella confrontación marítima, Manta comenzó a transformarse. El 5 de agosto de 1966, el gobierno decidió convertir la Capitanía de Manta en Capitanía de Puerto Mayor. La medida fortaleció la presencia marítima del Estado en Manabí y permitió mejorar la vigilancia de las aguas nacionales.
Los impuestos portuarios y las multas cobradas a barcos extranjeros ayudaron a financiar obras públicas. Lo que empezó como una disputa internacional terminó impulsando el desarrollo urbano de Manta y consolidando su identidad atunera.
Mientras tanto, la batalla también se libraba en oficinas diplomáticas. Décadas después, documentos desclasificados revelaron que Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, maniobró activamente para impedir que Estados Unidos reconociera las leyes ecuatorianas sobre las 200 millas marítimas.
En telegramas enviados a la Embajada estadounidense en Quito, Kissinger insistía en que cualquier acuerdo debía hacerse entre empresas privadas y no entre gobiernos, para evitar legitimar jurídicamente la posición ecuatoriana.
"No deseamos un acuerdo bajo las leyes ecuatorianas", escribió en 1974.
Washington entendía que el verdadero problema ya no era únicamente jurídico. Ecuador buscaba desarrollar una industria pesquera propia capaz de explotar sus recursos y excluir progresivamente a las flotas extranjeras.
El país aspiraba a capturar 80.000 toneladas de atún anuales. Para ello necesitaba barcos, tecnología e inversión. El gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara incluso planteó la creación de empresas mixtas con capital estadounidense. Pero las tensiones continuaron.
En 1975, la Armada ecuatoriana volvió a detener barcos atuneros norteamericanos pescando dentro de aguas territoriales reclamadas por el país. Washington protestó inmediatamente.
La ayuda de Estados Unidos a su flota y la decisión de otros países
Kissinger respondió recordando que las multas serían reembolsadas por el Gobierno estadounidense gracias a las leyes aprobadas por presión de la industria pesquera de San Diego.
La guerra seguía viva. Sin embargo, el mundo comenzaba a cambiar. Cada vez más países apoyaban la tesis de las 200 millas. Finalmente, en 1982, la Convención del Mar reconoció las zonas económicas exclusivas de 200 millas marítimas, poniendo fin a décadas de conflicto.
Ecuador había sido pionero y convirtió a Manta, una pequeña ciudad costera del Pacífico, en una de las capitales atuneras más importantes del mundo.