La exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ratificó que el traslado de Hernán Luque Lecaro obedece a gestiones de Guillermo Lasso, expresidente ecuatoriano. Según informó en un tweet contactó a la funcionaria para solicitar el retiro del asilo que protegía al exdirectivo de las empresas estatales nacionales.
Bullrich cumplió con la petición del exmandatario debido a los graves señalamientos por corrupción que pesan sobre el procesado en tribunales locales. La cooperación internacional entre ambos gobiernos permitió desbloquear el proceso administrativo que impedía la detención del sospechoso en el territorio austral.
Gestiones directas del expresidente
El expresidente Lasso realizó una llamada telefónica para requerir que Argentina anule la protección diplomática otorgada previamente por el régimen del kirchnerismo. Patricia Bullrich explicó que la administración anterior de su país brindó refugio al sospechoso a pesar de sus requerimientos legales vigentes.
La política argentina destacó que la intervención del exmandatario ecuatoriano resultó fundamental para iniciar el trámite de entrega a la justicia. Gracias a esta comunicación, se eliminó el beneficio de asilo que permitía a Luque Lecaro evadir la acción de los tribunales correspondientes.
La decisión de revocar el asilo facilitó que la Corte Suprema de Argentina aprobara finalmente la extradición el pasado 30 de abril. Luque Lecaro presidió la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y es una pieza clave dentro de las investigaciones por el caso Encuentro. El pedido de Lasso buscaba que el exfuncionario regrese al país para responder por el presunto manejo irregular de las instituciones estatales.
Ahora el procesado deberá enfrentar a los jueces ecuatorianos tras perder el blindaje político que mantuvo durante su estancia en Argentina.
En sus redes sociales, Guillermo Lasso también se pronunció confirmando el pedido de retirar el asilo a Luque.
Estructura de corrupción investigada
La fiscalía ecuatoriana sostiene que existió una red delictiva dedicada a controlar los contratos públicos, especialmente dentro del estratégico sector eléctrico nacional. Según las investigaciones, el procesado utilizaba su cargo para influir directamente en la designación de gerentes y en la repartición de beneficios económicos.
La trama incluía supuestos pagos ilegales realizados por proveedores a cambio de recibir asignaciones presupuestarias o nombramientos en puestos directivos del Estado. Estas actividades habrían perjudicado el patrimonio público mediante una gestión opaca liderada por el hoy extraditado desde la ciudad de Buenos Aires.
