El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador someterá a votación este jueves 21 de mayo la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una iniciativa legal diseñada para otorgar blindaje jurídico específico a las zonas de rompiente de olas del país. Con esta aprobación, la nación se consolidará como uno de los primeros territorios a nivel global en reconocer legalmente estas áreas acuáticas como ecosistemas estratégicos nacionales. La medida normativa abarcará la protección integral de los 640 kilómetros de costa continental ecuatoriana, resguardando de forma directa más de 100 zonas de surf plenamente identificadas a lo largo de todo el perfil costero de la república.
El nuevo marco normativo establece un sistema institucional vinculante para la gestión del espacio marino-costero del país. De igual manera, el proyecto dispone la salvaguarda de ecosistemas vulnerables como los sistemas de dunas, los manglares y las áreas de anidación de tortugas marinas. Como eje principal, la legislación plantea la creación del primer Registro Nacional de Zonas de Rompientes, una base de datos técnica que funcionará como un catálogo público para la delimitación técnica de cada ola dentro del territorio nacional.
Herramientas jurídicas y gobernanza del ecosistema marino
La Asamblea Nacional introduce un cambio estructural mediante la instauración del Consejo Interinstitucional del Mar, un cuerpo colegiado cuyas resoluciones poseerán carácter vinculante para más de 14 entidades del Estado. Asimismo, el texto legal incorpora el principio precautorio, una disposición que impide usar la falta de certeza científica absoluta como argumento para retrasar medidas urgentes de protección ecológica. Esta ley ordenará bajo un solo criterio sostenible los múltiples usos del océano, tales como la pesca, el turismo, los puertos, los deportes y el desarrollo de energías azules.
Con esta aprobación en la Asamblea, el Estado ecuatoriano implementará dentro de su ley nacional los compromisos internacionales derivados de la CONVEMAR y las metas ambientales del ODS 14. Respecto a esta jornada legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Peet, destacó de manera anticipada que la decisión parlamentaria generará repercusiones internacionales significativas. La autoridad argumentó que el proyecto normativo no se limita a la promoción del deporte, sino que reconoce legalmente al océano y sus rompientes como patrimonio natural inalienable de los ciudadanos ecuatorianos.
Origen de la movilización ciudadana e impacto económico
El proyecto de ley representa la culminación de un proceso de propuesta civil de cinco años de gestión impulsado por el movimiento Mareas Vivas. El origen ocurrió en el año 2020, cuando surfistas y comunidades de General Villamil Playas se movilizaron públicamente para detener la edificación de un muelle que amenazaba con destruir irreversiblemente las olas del sector. De dicha resistencia nació el colectivo civil que recopiló más de 10.000 firmas de respaldo antes de entregar el documento definitivo ante el Parlamento el 30 de julio de 2024.
En el plano macroeconómico, los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador correspondientes al periodo 2025 evidencian la gran magnitud de los sectores involucrados. Durante ese año, las exportaciones pesqueras en estado fresco generaron 191,2 millones de dólares, mientras que las ventas de enlatados alcanzaron un valor de 1.848,0 millones de dólares, sumando un total de 2.039,2 millones de dólares. Actualmente, la actividad pesquera sostiene más de 52.000 puestos de empleo directo, plazas laborales que recibirán fortalecimiento estructural mediante estas nuevas garantías de sostenibilidad.
Proyecciones globales y agenda de cobertura de prensa
Por otra parte, la economía global asociada al surf moviliza aproximadamente 70.000 millones de dólares anuales, lo cual representa una valiosa oportunidad de desarrollo para el país. Destinos turísticos consolidados como Montañita, Ayampe y Engabao ya evidencian el impacto real de las olas como una infraestructura natural capaz de generar empleo y desarrollo para las comunidades. La sesión oficial de votación se efectuará este jueves en el Pleno, y la Secretaría General de Comunicación coordinará el acceso para los medios de prensa interesados en la cobertura informativa.
