En una sesión celebrada en la Universidad Ecotec (Guayas), el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó este 20 de febrero un proyecto de ley económico urgente que cambia las reglas del juego para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La nueva normativa, impulsada por el Ejecutivo, obliga a municipios y prefecturas a destinar, como mínimo, el 70% de su presupuesto a inversión pública directa, dejando apenas un 30% para el gasto corriente.

Esta medida busca cerrar el grifo al exceso de contrataciones y gastos administrativos. Aunque esta proporción ya se mencionaba en leyes anteriores, la realidad es que muchos cabildos la ignoraban para inflar la burocracia en lugar de atender las obras que piden los ciudadanos.

El debate sobre el uso de los fondos públicos

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) fue el motor detrás de la propuesta. Durante el debate, el asambleísta Esteban Torres calificó la situación financiera actual de muchos cantones como "insostenible", señalando que existen municipios donde la lógica está invertida: casi todo el dinero se va en sueldos y muy poco llega a la calle en forma de obras.

En esa misma línea, Valentina Centeno cuestionó que sectores que aún no cuentan con agua potable de calidad sigan viendo cómo sus alcaldes destinan fondos a festividades y salarios dorados en puestos directivos. Para el oficialismo, la ley no es una intromisión, sino una medida de supervivencia fiscal.

Cifras bajo la lupa: El costo de las fiestas

Uno de los momentos más tensos de la sesión fue la exposición de datos del Ministerio de Finanzas. Se reveló que, en lo que va de 2026, varios municipios han gastado millones de dólares en eventos sociales, superando en algunos casos sus ingresos reales.

Nombres como Guayaquil, Guaranda y Paute salieron a relucir como ejemplos de adjudicaciones cuantiosas para festejos en apenas dos meses. El bloque de gobierno insistió en que ese capital debe volcarse urgentemente a vialidad, saneamiento e infraestructura educativa, áreas que presentan un rezago crítico.

La resistencia: "Modo castigo" y autonomía

Desde la oposición, liderada por la Revolución Ciudadana y otros bloques minoritarios, el rechazo fue rotundo. El asambleísta Diego Salas advirtió que esta métrica es una suerte de "ley castigo" que pone en riesgo la ejecución de programas sociales. Según Salas, la rigidez de los porcentajes obligará a los alcaldes a endeudarse o a maquillar las cuentas para cumplir con la norma.

Por su parte, Mariana Yumbay (Pachakutik) calificó la reforma como un atentado a la autonomía local. Para Yumbay, la ley es centralista e ignora las realidades geográficas y sociales de cada territorio. Adelantó que la batalla se trasladará a las cortes, pues consideran que la norma vulnera lo establecido en el Cootad.

Una votación al límite

La reforma pasó con lo justo: 77 votos a favor, el mínimo requerido. El resultado dejó en evidencia la fractura en el hemiciclo, con 71 votos en contra provenientes del PSC y el correísmo. Incluso hubo aliados habituales del régimen que prefirieron abstenerse para no chocar con los intereses de los alcaldes en sus provincias.

Ahora, la verdadera prueba estará en la aplicación. Los municipios deberán reestructurar sus presupuestos anuales bajo la vigilancia de los organismos de control, en un escenario donde la eficiencia financiera se ha convertido en una obligación legal y no solo en una opción política.