El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, no logró que se levante la segunda orden de prisión preventiva en su contra durante la audiencia de apelación realizada este jueves 23 de abril de 2026 en la Corte Provincial del Guayas.
La decisión se adoptó en el marco del denominado caso Grillete, relacionado con el presunto incumplimiento del uso de un dispositivo de vigilancia electrónica ordenado por la justicia.
Ratificación de la medida cautelar
El juez Leodán Coronel, de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policía y Tránsito, resolvió mantener la medida de prisión preventiva dictada el 8 de marzo de 2026. La causa corresponde al delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, sancionado con penas de uno a tres años de prisión.
La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas también negó el recurso de apelación presentado por la defensa del alcalde Aquiles Alvarez. El tribunal determinó que no se ha justificado la ausencia del dispositivo electrónico y que el procesado debía cumplir las disposiciones judiciales.
Origen del caso Grillete
El proceso se originó el 10 de febrero de 2026, durante un allanamiento a la residencia del alcalde en Samborondón, en el contexto del caso Goleada. Según el parte policial, Aquiles Alvarez no portaba el grillete electrónico y el dispositivo fue hallado en el piso de su habitación.
El informe del Servicio Nacional de Atención Integral de Adolescentes y Adultos Infractores (SNAI) señaló un "historial alarmante" de novedades relacionadas con el uso del dispositivo, incluyendo incidentes de acceso restringido a la urbanización donde reside el funcionario.
Argumentos de la defensa
La defensa del alcalde, encabezada por el abogado Ramiro García, solicitó la revisión de la medida cautelar. Argumentó que no existen pruebas concluyentes sobre el incumplimiento y que el procesado ha asistido a las diligencias judiciales.
Además, sostuvo que no hay evidencia de riesgo de fuga y que la prisión preventiva no cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad. La defensa también cuestionó la falta de individualización de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.
Postura de la Fiscalía
La fiscal Lisset Barragán pidió mantener la medida, al considerar que el retiro del grillete constituye una desobediencia directa a una orden judicial. Indicó que existen elementos como el acta de instalación del dispositivo, reportes de monitoreo y el parte policial que evidencian el incumplimiento.
Barragán sostuvo que el procesado fue encontrado sin el dispositivo durante el allanamiento y que esta conducta configura el delito investigado. También señaló que existen registros de inasistencias a presentaciones periódicas.
Actuaciones adicionales y contexto
Dentro del caso, la Fiscalía solicitó la extracción de información de un video del allanamiento, autorizado el 20 de abril por la jueza Andrea Ordóñez. El material forma parte del expediente del proceso.
Aquiles Alvarez enfrenta además investigaciones en los casos Triple A y Goleada, en los que también mantiene medidas de prisión preventiva. Según la Fiscalía, la manipulación del dispositivo de vigilancia refuerza el riesgo procesal y justifica la continuidad de la medida privativa de libertad.
