El 14 de abril de 2026, el exministro de Gobierno y postulante a Fiscal General, José De La Gasca, presentó una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contra el veedor Guido Egas, en Quito, por presuntas afirmaciones falsas que, según el aspirante, afectan la transparencia del proceso y su reputación profesional.
El aspirante solicitó la separación inmediata del veedor del concurso para designar al Fiscal General del Estado. Según el documento presentado, el funcionario habría emitido declaraciones que comprometen la transparencia del proceso.
De La Gasca sostiene que Egas difundió afirmaciones que lo califican como "apadrinado". El exministro considera que estos señalamientos perjudican su trayectoria profesional y afectan la credibilidad del proceso de selección. Asimismo, el postulante aseguró que la denuncia busca garantizar la imparcialidad del concurso. Por ello, pidió que se adopten medidas conforme a la normativa vigente.
Cuestionamientos a la ética y trayectoria
La controversia escaló el 14 de abril de 2026, cuando el veedor cuestionó las credenciales éticas y la experiencia del aspirante. Las declaraciones aludieron a su pasado como funcionario en el gobierno de Daniel Noboa.
Según el texto presentado ante el CPCCS, el veedor habría utilizado su cargo para implantar una narrativa de favoritismo indebido ante la opinión pública. El documento señala que estas afirmaciones vulneran la objetividad del proceso. El exministro argumentó que estos pronunciamientos desacreditan la labor de la Comisión Ciudadana de Selección. Además, indicó que dicha instancia validó su etapa de admisibilidad conforme a la normativa vigente.
De La Gasca sostiene que la conducta del veedor vulnera el principio de seguridad jurídica. También afirma que contraviene el Reglamento de Veedurías Ciudadanas del CPCCS. En su escrito, el aspirante señaló la presunta interferencia indebida en el desarrollo del concurso. El reglamento prohíbe obstaculizar las actividades del proceso de selección. Asimismo, denunció la difusión de información falsa. La normativa impide emitir datos incompletos o inexactos que afecten la imagen de un postulante.
Normativa y transparencia del proceso
El documento presentado cita el artículo 10 del Reglamento de Veedurías Ciudadanas. Esta disposición establece la pérdida de la calidad de veedor por incumplimiento de normas legales. "El conflicto se originó apenas un día después de que Egas fuera nombrado coordinador de la veeduría, momento en el que empezó a cuestionar si un exembajador y ministro posee la independencia necesaria para dirigir la Fiscalía", señala el escrito.
El aspirante reiteró que la denuncia busca preservar la transparencia y legitimidad del proceso. Además, solicitó que el CPCCS actúe conforme a la ley. El CPCCS lidera el concurso público para designar al Fiscal General del Estado. Este proceso contempla fases de admisibilidad, méritos, oposición e impugnación ciudadana.
La veeduría ciudadana tiene la función de vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento. Sus integrantes deben actuar con imparcialidad y apego a la normativa. La denuncia presentada se suma a los debates en torno a la transparencia del concurso. En consecuencia, el CPCCS deberá analizar el caso conforme a la legislación vigente.
