El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este martes 15 de mayo un conjunto de medidas que buscan remodelar la política migratoria del país. Estas reformas, presentadas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), prometen restringir el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos y establecer criterios más estrictos para su ingreso y permanencia. La reforma migratoria de Milei ha generado un debate intenso, ya que se percibe como un giro radical en la tradición argentina de recibir inmigrantes.

El Gobierno de Argentina justifica la medida como un esfuerzo para «restaurar el orden» y asegurar que los recursos públicos se destinen principalmente a los ciudadanos argentinos. Manuel Adorni, vocero presidencial, argumentó que la inmigración actual difiere de la «virtuosa» que contribuyó a la grandeza de Argentina en el pasado. Ahora, según Adorni, existe una normativa que fomenta el «caos y el abuso». La reforma migratoria busca, por ende, corregir estas supuestas anomalías. El gobierno de Javier Milei también critica el «turismo de salud», donde extranjeros utilizan servicios médicos públicos sin contribuir a su costo, lo que representa un gasto significativo para los contribuyentes argentinos.

La nueva normativa de Javier Milei

La nueva normativa, que se publicará en los próximos días, establece la deportación de cualquier extranjero condenado por delito, incluso si la pena es leve. Además, se prohibirá la entrada a personas con antecedentes penales. La reforma migratoria también incluye el cobro por atención médica en hospitales públicos para extranjeros, excepto en casos de emergencia. En educación, las universidades públicas podrán cobrar matrícula a residentes temporales, aunque la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.

La obtención de la ciudadanía argentina y la residencia permanente también se verá afectada. La ciudadanía requerirá al menos dos años de residencia continua o una inversión significativa en el país. Para la residencia permanente, los solicitantes deberán comprobar sus ingresos y carecer de antecedentes penales. Quienes ingresen por pasos fronterizos no habilitados o proporcionen información falsa serán expulsados inmediatamente. La reforma migratoria también acorta los plazos de apelación de la deportación.

Impacto y reacciones a la reforma

El Gobierno de Argentina también argumenta que alrededor de 1,7 millones de personas ingresaron ilegalmente al país en los últimos 20 años. Las nuevas reglas buscan reorganizar el sistema y priorizar el uso de recursos públicos para los argentinos. Asimismo, se espera que los turistas deban presentar un seguro médico para ingresar al país, siguiendo el modelo de la Unión Europea. La reforma migratoria busca, entonces, un cambio estructural.

Sin embargo, la medida de Javier Milei  ha generado críticas. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que establecer un régimen excepcional sin debate en el Congreso viola el derecho a la defensa. La última vez que se intentó modificar las reglas migratorias, en 2017, un DNU impulsado por Patricia Bullrich fue declarado inconstitucional.