Lo que inició como una tasa de seguridad del 30% a inicios de febrero de 2026, ha mutado rápidamente en una barrera arancelaria del 50% que amenaza con paralizar el intercambio comercial terrestre. En un espacio de entrevistas de Manavisión Plus, el economista Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Ecuatoriano-Colombiana, conversó sobre la falta de diálogo bilateral y el riesgo de sanciones ante la Comunidad Andina (CAN).

-Economista, desde tempranas horas de este jueves 26 de febrero, el Gobierno ecuatoriano anunció la nueva medida del 50% de arancel para marzo, y me imagino que los tomó por sorpresa. ¿Qué puede esperar el mercado de ambos países?

Más que lo que puede esperar ahora, lo que estábamos esperando es que esto se solucione en cinco minutos luego de que se siente el presidente Noboa con el presidente Petro; porque así de fácil o así de difícil puede ser la solución a este impasse. Quien está realmente afectado es todo el mercado de los dos países. El Gobierno maneja el argumento de que Colombia no está cumpliendo con su contraparte para sostener la seguridad en la frontera, señalando que mafias se trasladan con libertad. No invalidamos ese argumento, pero no lo consideramos necesariamente una justificación para esta afectación comercial.

-¿Cuál ha sido el impacto real en este primer mes con el arancel al 30% y qué avizoran con el incremento al 50%?

Ecuador implementó el 30% el primero de febrero de 2026. Colombia demoró cerca de 24 días en aplicar su contraparte, por lo que apenas estamos cuantificando los efectos en nuestros productos. Sin embargo, desde Colombia ya se proyectaba una disminución de cerca del 80% de la transaccionalidad hacia ese país con el arancel previo. ¿Qué pasará ahora con el 50%? No sabría puntualizarlo con exactitud, pero si con el 30% la caída era del 80%, usted ya puede sacar sus proporciones.

-Muchos analistas califican esto como una "guerra comercial innecesaria". ¿Cómo la cataloga usted, considerando que el Gobierno usa la inseguridad como motivo?

Ustedes en Manabí viven todos los días los efectos de esta inseguridad. Es una realidad cierta de los dos lados. Sin embargo, desde el punto de vista netamente comercial, seguimos sin entender cómo un arancel puede llegar a eliminar la inseguridad. Lo único que ha logrado esta acción es sentar a la plana principal del gobierno colombiano a charlar, pero no basta con hablar. El gobierno ecuatoriano subió al 50% porque considera que Colombia no ha tomado decisiones claras y puntuales.

-¿Han tenido reuniones con el Ejecutivo para intentar persuadirlos de reconsiderar la medida?

Desde que hubo la manifestación del presidente, cuantificamos los efectos numéricos y en nivel de desempleo. Pero debo decirlo con frontalidad: existe conversación, pero una conversación sin acción. No vemos, más allá de los diálogos, alguna posición de retro o evaluación para evitar esta medida, que sería la única forma de no afectar a los mercados.

-¿Es tan insignificante el impacto económico para el Gobierno que prefiere priorizar la presión política?

Insignificante no es nada. No puede llamarse así a una relación comercial de 2.000 millones de dólares en compras y 1.000 millones en ventas. Es una transaccionalidad de hermanos. Por costos logísticos, el transporte terrestre de arroz, hortalizas, banano o cebolla hacia Colombia es vital. Quizás macroeconómicamente ciertos sectores representen solo el 1%, pero para ese sector, ese porcentaje significa el 100% de sus empleos y su supervivencia. Sería irresponsable verlo con frigidez. El problema es que el Gobierno dice: "No me diga qué pretende hacer, haga lo que acordamos y eliminamos el arancel".

-Sobre el cruce de demandas en la Comunidad Andina (CAN), ¿qué consecuencias reales prevé para el Ecuador?

Dicen que la mejor pelea es la que no se tiene. Mi perspectiva particular es que era inminente que perderíamos la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina incluso con el 30%. El Acuerdo de Cartagena de 1969 no considera una "tasa de seguridad" como una causal económica válida. Al incrementar el porcentaje al 50%, el escenario de una sanción legal es el mismo o peor.

-Finalmente, ¿cuál es el camino que les queda a ambas naciones para no seguir perjudicando al sector productivo y al empleo?

El único camino es el mismo que cuando había el 30%: racionalidad, madurez y diplomacia. Hay que identificar el daño económico que se está generando. Nos seguimos preguntando si incrementar aranceles será realmente la solución para el problema de la inseguridad. Esperamos que esto se solucione pronto en beneficio de ambos mercados.