Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Ejército Ecuatoriano ejecutaron una operación militar contra la minería ilegal. Ocurrió el jueves 26 de febrero de 2026 en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay. El objetivo principal fue neutralizar infraestructura clandestina utilizada para la extracción ilícita de minerales, con el fin de proteger los recursos naturales, mitigar daños ambientales y debilitar economías ilícitas que financian actividades delictivas en la zona.

 Según el comunicado oficial del Ejército Ecuatoriano, se inhabilitaron 6 bocaminas —entradas a minas clandestinas—, 9 equipos y herramientas mineras y 1 generador empleado para operaciones ilícitas. Adicionalmente, se decomisó material explosivo, campamentos temporales y otros elementos logísticos.

La operación se desarrolló bajo protocolos establecidos, incluyendo coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en casos de destrucción controlada de infraestructura de alto riesgo. Equipos especializados en explosivos (EOD) realizaron inhabilitaciones seguras, evitando riesgos operacionales en zonas de difícil acceso.

Acciones en la zona minera

Camilo Ponce Enríquez, un cantón con tradición minera histórica, ha sido foco recurrente de intervenciones estatales. En febrero de 2026, previos operativos en sectores como Carmen de Pijilí y Santa Martha (reportados el 5 y 6 de febrero) resultaron en la destrucción de excavadoras, motores y campamentos, con decomiso de combustible y motos. En enero del mismo año, se destruyeron tres campamentos y se capturaron dos personas de nacionalidad peruana, junto a 300 sacos de material mineralizado.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida del Bloque de Seguridad para combatir economías ilícitas. 

Minería ilegal

La minería ilegal se consolida como el segundo mercado ilícito más relevante en Ecuador, solo por detrás del narcotráfico. Según estimaciones del Viceministerio de Seguridad Pública y el Observatorio del Crimen Organizado, la producción aurífera ilegal genera alrededor de USD 300.000 diarios para grupos criminales, con ganancias anuales que superan los USD 1.300 millones. Aproximadamente el 77% del oro extraído en el país tendría origen ilegal.

En 2025, el Estado ejecutó 386 operativos de control en provincias como Zamora Chinchipe, Loja, Chimborazo, Azuay, El Oro y Napo, causando pérdidas económicas superiores a USD 1,1 millones a estructuras delictivas. En Azuay, se registraron 32 operativos en ese período. Provincias afectadas incluyen Esmeraldas, Imbabura, Napo, Morona Santiago, Azuay, El Oro, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, donde la actividad genera deforestación y contaminación.

El avance de la minería ilegal coincide con la expansión del crimen organizado, con bandas como Los Lobos y Los Choneros involucradas en cadenas de suministro en zonas como el suroeste (Azuay, El Oro, Loja). Hasta 2024-2025, se identificaron cientos de puntos conflictivos en hasta 20 provincias, con énfasis en enclaves productivos andinos y amazónicos.

Impacto ambiental

Las intervenciones buscan mitigar impactos severos: contaminación por mercurio y cianuro en cuerpos de agua, deforestación acelerada y riesgos para comunidades locales. La destrucción de bocaminas y campamentos debilita la logística de estas operaciones, reduciendo su capacidad operativa y financiera.

Las Fuerzas Armadas destacan que estas acciones se realizan con base en inteligencia militar y en cumplimiento de la ley, sin reportes de detenciones en el operativo del 26 de febrero de 2026. No se han difundido nombres ni detalles que vulneren derechos, manteniendo el enfoque en resultados institucionales.