La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia está generando fuertes consecuencias para el sector agrícola ecuatoriano, especialmente para los productores de arroz y plátano que dependen del comercio fronterizo. José Luis García, coordinador del Comité de Defensa del Agricultor, explicó en entrevista con Manavisión Plus que las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano han alterado el flujo comercial entre ambos países y están provocando pérdidas económicas importantes.

Según García, la decisión fue presentada como una medida de choque frente a problemas de seguridad en la frontera. Sin embargo, señaló que hasta ahora ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Producción han explicado con precisión cuáles son los incumplimientos que habría cometido el gobierno colombiano en materia de seguridad ni cuáles son las evidencias que justifican la decisión.

El dirigente indicó que los gremios productivos requieren información clara para conocer cuál es el plan fronterizo del Gobierno ecuatoriano y cuáles son las medidas que se aplicarán para evitar que las restricciones comerciales afecten la economía nacional.

El representante del sector agrícola sostuvo que el problema no solo impacta a Ecuador, sino también a Colombia, ya que los sectores productivos de ambos países mantienen una relación comercial constante. Según explicó, la falta de información oficial ha generado incertidumbre en los agricultores y exportadores que dependen del comercio bilateral para colocar sus productos en el mercado.

Restricciones comerciales y cambios logísticos

García señaló que uno de los efectos más inmediatos de la guerra arancelaria es la restricción para exportar ciertos productos agrícolas por vía terrestre hacia Colombia. Entre los productos más afectados se encuentra el arroz, cuya exportación por carretera fue restringida y ahora debe realizarse mediante transporte marítimo, lo que incrementa significativamente los costos de logística.

Explicó que antes del conflicto transportar arroz hasta la frontera colombiana tenía un costo aproximado de $1,50 por quintal cuando se enviaban cargamentos en tráileres de entre 300 y 400 quintales. Sin embargo, al obligar a utilizar la vía marítima, el costo logístico puede elevarse hasta 5 dólares por quintal, lo que encarece el producto y reduce su competitividad en el mercado colombiano.

A este incremento de costos se suma el tiempo adicional que implica la logística marítima. García detalló que un buque puede tardar apenas dos días en trasladarse desde el puerto de Posorja hasta Buenaventura en Colombia, pero el proceso previo para preparar la exportación puede extenderse entre 15 y 30 días debido a los trámites aduaneros, controles fitosanitarios y requisitos arancelarios necesarios para la salida de la mercancía.

Caída del precio del plátano en Manabí

El impacto de estas restricciones también se refleja en el mercado del plátano, especialmente en el cantón El Carmen, en la provincia de Manabí, donde este cultivo es una de las principales actividades económicas. García explicó que antes del conflicto comercial el precio de una caja de plátano alcanzaba aproximadamente 9 dólares, pero actualmente se está comercializando incluso en 2 dólares debido a la reducción de la demanda internacional.

El dirigente indicó que en El Carmen el comercio de plátano generaba alrededor de 500.000 dólares semanales, por lo que la caída del precio representa una pérdida significativa para productores, transportistas y comerciantes vinculados a esta cadena productiva. Cuando el mercado colombiano deja de absorber parte de la producción ecuatoriana, el exceso de producto queda en el mercado interno, lo que provoca una caída abrupta en los precios.

Según García, esta situación no se debe a problemas de calidad en los productos ecuatorianos, sino a decisiones políticas que afectan directamente al comercio agrícola. Explicó que el plátano producido en Manabí mantiene estándares de calidad competitivos y que su comercialización en Colombia era constante antes del conflicto.

Excedentes de arroz y pérdidas millonarias

En el caso del arroz, el dirigente explicó que Ecuador suele exportar hacia Colombia un excedente aproximado de 60 mil toneladas anuales. Sin embargo, la actual guerra arancelaria ha provocado que esa cantidad permanezca en el mercado nacional, generando una sobreoferta que reduce los precios pagados a los productores.

García señaló que si no se encuentra una solución durante 2026, el sector arrocero podría registrar pérdidas cercanas a los 140 millones de dólares.

La acumulación de inventarios también está afectando la capacidad de los agricultores para invertir en sus cultivos. El dirigente explicó que normalmente los cultivos de arroz reciben entre dos y tres aplicaciones de fertilizantes durante un ciclo de producción de cuatro meses, pero actualmente muchos productores solo pueden realizar una aplicación debido a la falta de recursos.

Aumento de costos de producción

Además de la caída en los ingresos, los agricultores enfrentan un aumento en los costos de producción debido a la dificultad para acceder a insumos provenientes de Colombia. García explicó que muchos productos utilizados en la agricultura ecuatoriana son importados desde ese país porque su costo es menor que el de los insumos adquiridos en otros mercados internacionales.

Entre los insumos mencionados se encuentran insecticidas como la cipermetrina, la alfametrina y la deltametrina, además de productos veterinarios como la ivermectina y diversas vitaminas utilizadas en la producción animal. La restricción del comercio ha encarecido estos insumos y ha complicado su disponibilidad en el mercado ecuatoriano.

El dirigente indicó que esta situación genera un doble impacto para los agricultores: mientras el precio de sus productos se reduce debido a la sobreoferta interna, el costo de los insumos necesarios para producir aumenta.

Riesgo de perder mercados internacionales

García advirtió que otro riesgo importante es la pérdida de mercados internacionales para los productos ecuatorianos. Explicó que Colombia mantiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que le permite importar hasta 98.040 toneladas de arroz al año desde ese país.

Según señaló, la restricción del comercio con Ecuador abre la posibilidad de que ese mercado sea ocupado por otros proveedores internacionales. Si esto ocurre, recuperar la presencia del arroz ecuatoriano en el mercado colombiano podría resultar mucho más difícil en el futuro.

El dirigente añadió que esta situación no solo afecta al arroz, sino también a otros productos agrícolas como el plátano y el aceite de palma, que forman parte del intercambio comercial entre Ecuador y Colombia.

Efectos en empleo y economía rural

El coordinador del Comité de Defensa del Agricultor señaló que las consecuencias de la guerra arancelaria no se limitan a las cifras comerciales, sino que también afectan directamente al empleo rural y a la economía de varias provincias de la Costa.

Cantones arroceros como Daule, Salitre y Palestina, en la provincia del Guayas, dependen en gran medida de la producción de arroz para sostener su actividad económica. Este cultivo es uno de los principales generadores de empleo en esas zonas.

Cuando los precios agrícolas caen o se restringen los mercados internacionales, se reduce la contratación de trabajadores en el campo y disminuye la circulación de dinero en las economías locales, lo que impacta a miles de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad agrícola.

Pedido de soluciones y diálogo comercial

Frente a este panorama, García insistió en que el Gobierno ecuatoriano debe informar con claridad cuáles son las razones de la confrontación comercial y cuáles serán las medidas para mitigar sus efectos. Según explicó, el sector agrícola necesita políticas técnicas que permitan proteger la producción nacional sin afectar los mercados internacionales.

El dirigente también señaló que es necesario retomar el diálogo con Colombia para normalizar el comercio fronterizo y evitar que las decisiones políticas continúen perjudicando a los agricultores ecuatorianos.

Finalmente, sostuvo que el sector productivo está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan recuperar la estabilidad comercial y proteger el empleo rural, ya que el desarrollo del agro es fundamental para la economía del país.

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