El Gobierno de Guatemala declaró este martes un estado de prevención por 15 días en cinco departamentos del país, como medida para enfrentar la criminalidad asociada a maras y pandillas, según un decreto firmado por el presidente Bernardo Arévalo y publicado en la Gaceta Oficial.

Alcance de la medida

El decreto aplica en los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos, donde las autoridades buscan contener el accionar de grupos delictivos que afectan el orden público. La disposición permite implementar acciones excepcionales coordinadas por las fuerzas de seguridad.

Durante la vigencia del estado de prevención, las autoridades podrán restringir la circulación de personas y vehículos, así como limitar el estacionamiento en determinadas zonas y horarios. Estas medidas buscan reforzar el control territorial en áreas consideradas de riesgo.

Además, el documento establece que se podrán disolver reuniones o manifestaciones públicas cuando se registren actos de violencia o uso de armas, sin necesidad de advertencia previa.

Facultades para fuerzas de seguridad

El artículo 3 del decreto señala que el objetivo principal es "prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz" provocadas por pandillas. Para ello, se habilita un marco legal que amplía la capacidad de respuesta de la Policía y el Ejército.

Las autoridades también podrán intervenir en espacios públicos donde identifiquen posibles riesgos para la seguridad ciudadana. Esto incluye operativos focalizados en sectores con alta incidencia delictiva.

El Gobierno ha indicado que estas acciones forman parte de una estrategia para contener la violencia y garantizar condiciones de seguridad en las zonas intervenidas.

Contexto de seguridad en Guatemala

La decisión se da en un contexto marcado por la persistencia de actividades de maras y pandillas, que han generado preocupación por su impacto en la seguridad y la estabilidad social en distintas regiones del país.

El estado de prevención es una de las herramientas contempladas en la legislación guatemalteca para responder a situaciones que alteran el orden público, permitiendo medidas temporales con controles específicos.

Con esta disposición, el Ejecutivo busca reducir los niveles de violencia en los departamentos afectados, mientras se desarrollan operativos de seguridad y control durante el periodo establecido.