El Gobierno ecuatoriano confirmó la entrega de USD 10,5 millones como compensación para 580 embarcaciones pesqueras autorizadas, entre industriales y artesanales, tras el incremento del precio del diésel de USD 2,75 a USD 4,75 por galón.

La medida fue discutida entre representantes del sector pesquero y autoridades del Ministerio de Agricultura y Pesca, mientras aún se define el mecanismo oficial para la distribución de los recursos.

La compensación beneficiará únicamente a las embarcaciones registradas y con permisos de pesca vigentes en el Registro Nacional de Embarcaciones. Según dirigentes pesqueros, el proceso de validación de documentos se encuentra en revisión y el Gobierno prevé definir en aproximadamente quince días el mecanismo definitivo para efectuar los pagos.

Alfonso Delgado, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Pesqueras y Afines del Ecuador (CONOPAE), informó que durante una reunión mantenida con el viceministro de Pesca se presentó una propuesta consensuada por representantes de distintos sectores pesqueros para distribuir los recursos entre las embarcaciones habilitadas.

"Los doce dirigentes presentamos una propuesta para que los USD 10,5 millones sean repartidos en partes iguales entre las 580 embarcaciones que constan en el registro nacional y tienen permiso de pesca autorizado", explicó Delgado.

Registro y permisos definirán a los beneficiarios

De acuerdo con los representantes del sector, el acceso a la compensación dependerá de que las embarcaciones mantengan vigente su documentación oficial. Aquellas naves con permisos caducados o sanciones administrativas podrían quedar fuera del beneficio estatal.

Delgado señaló que existen embarcaciones que no han renovado permisos de pesca desde hace varios años, situación que impediría incluirlas en el listado definitivo. Indicó además que el Estado realizará el filtro final para determinar cuáles cumplen los requisitos exigidos por el Ministerio de Acuacultura y Pesca.

El dirigente explicó que el número de embarcaciones registradas puede variar diariamente debido a vencimientos automáticos de permisos en el sistema oficial. "Hoy puede haber 580 embarcaciones y mañana menos, dependiendo de la vigencia de los permisos", afirmó.

Según datos expuestos durante las reuniones del sector, de las 580 embarcaciones registradas, 107 corresponden a atuneros, mientras que el resto pertenece a otras pesquerías artesanales e industriales.

Debate sobre la fórmula de distribución

Aunque dirigentes pesqueros propusieron una distribución igualitaria, representantes de otros segmentos de la industria señalaron que todavía no existe una fórmula definitiva para calcular la compensación.

Cecilia Pilligua, representante del sector de pesca oceánica o long line, indicó que el Viceministerio de Pesca analiza un sistema basado en el consumo histórico de combustible de cada embarcación desde 2023.

"Van a sacar un promedio para poder hacer la compensación a cada embarcación. Todavía no se conoce qué fórmula aplicarán", manifestó.

Pilligua explicó que las embarcaciones de pesca oceánica requieren elevados volúmenes de combustible para operar. Según detalló, las más pequeñas consumen al menos 3.000 galones de diésel, mientras otras superan los 6.000 galones, lo que representa gastos operativos superiores a USD 50.000 por faena.

La dirigente añadió que el sector de pesca oceánica cuenta con 242 embarcaciones, principalmente ubicadas en Manta, y aseguró que para realizar operaciones deben mantener obligatoriamente vigente toda su documentación.

Sector pesquero considera insuficiente la ayuda

Representantes de diferentes asociaciones coincidieron en que la compensación estatal no cubre el impacto total generado por el incremento del combustible, aunque reconocieron que representa un alivio parcial para las operaciones pesqueras.

Alfonso Delgado indicó que una embarcación puede gastar alrededor de USD 25.000 en una salida de cuatro días, considerando abastecimiento y combustible. Según dijo, la ayuda estatal cubriría apenas una fracción de esos costos.

"Nos explicaron que el Estado no tiene recursos suficientes y que el dinero fue reasignado desde otros ministerios para financiar esta compensación", sostuvo el dirigente.

Por su parte, Alfredo Lucas, representante de la Asociación de Barcos Pesqueros Polivalentes, donde constan barcos de arrastre, camaroneros y dedicados a la pesca de merluza señaló que el sector continuará buscando soluciones adicionales para enfrentar el incremento sostenido del combustible.

Lucas advirtió que, de mantenerse el alza del diésel, parte de la actividad pesquera podría verse afectada en el mediano plazo debido al aumento de costos operativos.

Gobierno mantiene mesas de trabajo con el sector

Durante las reuniones sostenidas con autoridades, representantes pesqueros informaron que el Gobierno solicitó información bancaria y documentación actualizada de los armadores para avanzar con el proceso de compensación.

Delgado indicó que quienes no tengan cuentas bancarias podrán acceder a mecanismos facilitados por BanEcuador para recibir directamente los recursos asignados.

El dirigente también confirmó que el Viceministerio de Pesca continúa trabajando en la validación de los registros oficiales y en la elaboración del esquema definitivo de distribución.

En paralelo, representantes de otros sectores productivos afectados por el incremento del diésel, como arroceros y ganaderos, también mantienen conversaciones con el Gobierno para evaluar mecanismos de compensación similares.

El aumento del precio del diésel se produjo tras cambios en la política de subsidios aplicados por el Gobierno ecuatoriano desde septiembre de 2025, medida que impactó directamente en actividades productivas dependientes de combustibles.

Mientras se define el mecanismo final, las organizaciones pesqueras esperan que el proceso de pago quede formalizado durante los próximos días mediante un acta oficial entre el sector y el Ministerio de Agricultura y Pesca.