John Reimberg, ministro del Interior, informó que el Gobierno iniciará la construcción de un nuevo centro penitenciario en la provincia de Santa Elena, diseñado para albergar a 15.120 personas. Según lo indicado por el funcionario, el proyecto contempla un plazo de ejecución de entre 15 y 18 meses, aunque se espera optimizar los tiempos para concluir la infraestructura antes de lo previsto.
La edificación, que se ubicará en las inmediaciones del centro penitenciario ‘El Encuentro’, contará con una extensión superior a los 100 mil metros cuadrados. El diseño incluye pabellones específicos y sistemas médicos integrados, con el objetivo de eliminar la necesidad de traslados externos de los reclusos hacia centros de salud, garantizando así los niveles de seguridad necesarios para mantener incomunicados a los grupos criminales.
Presos de diferentes agrupaciones criminales será mezclados
El Presidente Daniel Noboa, quien se refirió a este proyecto a finales de 2025, ha especificado que el complejo operará bajo un régimen de seguridad mediana. De manera paralela a la expansión de la infraestructura, el Ministerio del Interior ha ratificado la continuidad de una política de traslados masivos entre cárceles.
El objetivo de esta estrategia, según Reimberg, es debilitar la hegemonía de las organizaciones criminales dentro de los reclusorios. "Queremos romper que una cárcel pertenezca a una estructura, si no que estén mezclados para debilitar ese poder", afirmó el ministro, enfatizando que la descentralización de los grupos delictivos es una prioridad operativa.
En cuanto a la situación actual del sistema, la cárcel ‘La Roca’, que ha sido habilitada para alojar exclusivamente a mujeres, registra actualmente una población de 61 reclusas de alta peligrosidad. Entre las internas que cumplen sentencias en este centro se encuentran Verónica Narcisa Briones Z., pareja de alias ‘Fito’; Andreína L., sentenciada por el asesinato de su madre.
John Reimberg dijo que se eliminarán los beneficios a presos
El ministro Reimberg subrayó que el régimen interno en este establecimiento ha sido endurecido significativamente, eliminando cualquier beneficio que alterara el protocolo de seguridad. La construcción de este nuevo centro se torna necesaria ante el constante crecimiento de la población carcelaria. Las autoridades han manifestado que el levantamiento de esta obra es una pieza clave dentro del esquema de seguridad nacional.
La Policía Nacional y el Ministerio del Interior mantienen la vigilancia sobre estos procesos, buscando asegurar que la gestión penitenciaria recupere el control estatal y mitigue la influencia de las bandas organizadas en los recintos de privación de libertad del país.
