Un agente civil de tránsito fue procesado por el presunto delito de concusión en el cantón Rumiñahui, luego de que la Fiscalía lo acusara de exigir dinero a un motociclista el 25 de marzo de 2026 en Amaguaña, motivo por el cual un juez ordenó su prisión preventiva tras la audiencia de flagrancia y formulación de cargos.

Hechos y denuncia del caso

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía General del Estado, el procesado fue identificado como Byron Andrés S. M., agente civil de tránsito, quien habría interceptado a un ciudadano que circulaba en motocicleta por el sector de Amaguaña.

Según la versión presentada durante la audiencia, el agente detuvo al motociclista debido a que no portaba casco de seguridad y, además, no contaba con licencia de conducir.

En ese contexto, el servidor público habría solicitado inicialmente 200 dólares para evitar la retención del vehículo y la aprehensión del conductor. Posteriormente, el monto habría sido reducido a 130 dólares, tras un acuerdo con la víctima.

Entrega del dinero y actuación policial

La víctima contactó a su primo para conseguir el dinero solicitado. El encuentro se produjo en el parque de Amaguaña, donde el agente habría indicado que el sobre con el efectivo fuera colocado debajo del asiento del copiloto de su vehículo.

Tras la supuesta entrega, el agente permitió que el motociclista se retirara del lugar y regresó a su base operativa.

Posteriormente, el afectado reportó lo ocurrido al ECU 9-1-1. Con apoyo de la Policía Nacional, se dirigió a la base de tránsito ubicada en el parque La Moya, en Conocoto, donde identificaron al agente señalado como responsable de la exigencia del dinero.

Elementos de convicción presentados

Durante la audiencia, el fiscal del cantón presentó varios elementos de convicción, entre ellos el examen médico-legal, las versiones de la víctima y de su primo, así como el acta de reconocimiento de la denuncia.

También se incorporó un informe técnico pericial de reconocimiento de evidencias, que sustenta la investigación en curso.

Aunque el dinero no fue encontrado, la Fiscalía explicó que el delito de concusión no requiere la materialización del pago, sino la exigencia del beneficio económico. En este sentido, se enfatizó que "exigir" constituye uno de los elementos centrales del tipo penal.

Medida cautelar y proceso judicial

Tras evaluar los elementos presentados, el juez que conoció la causa dictó prisión preventiva contra el agente de tránsito, mientras se desarrolla la etapa de instrucción fiscal.

El plazo de instrucción fue fijado en 30 días, periodo en el cual la Fiscalía continuará recabando información para sustentar la acusación.

El proceso se enmarca en el delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a servidores públicos que, abusando de su cargo, exijan beneficios económicos indebidos.

Marco legal del delito de concusión

El artículo 281 del COIP establece que la concusión se configura cuando un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, ordena o exige la entrega de dinero u otros beneficios de manera indebida.

Este delito contempla una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años, dependiendo de las circunstancias del caso.

Las autoridades han reiterado que este tipo de conductas vulnera la confianza en las instituciones públicas y afecta el cumplimiento de la normativa vigente.