Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador, enfrenta junto a su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas un pedido formal de condena por el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó este jueves 14 de mayo su alegato final en el juicio por la presunta venta irregular de pruebas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos. Los hechos investigados ocurrieron durante la emergencia sanitaria de 2020, uno de los períodos más críticos de la pandemia en el país.
El delito de delincuencia organizada se sanciona en Ecuador con hasta 10 años de prisión, pena que además puede aumentar con agravantes según la legislación penal vigente.
En su alegato, el Ministerio Público acusó a los procesados de "colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de COVID-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria".
La AMT de Quito, pieza clave en el caso contra Abdalá Bucaram
Los peritos que rindieron testimonio en la audiencia de juicio coincidieron en que esta presunta organización movilizó bienes y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para el traslado de las pruebas. Así lo señaló la Fiscalía en un comunicado oficial emitido tras la presentación del alegato. La vinculación de una entidad pública en el operativo constituye uno de los elementos centrales de la acusación.
Según la teoría fiscal, dos ciudadanos israelíes -uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral- coordinaron el traslado de las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del expresidente. De acuerdo a la investigación, Abdalá Bucaram "también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras" en su domicilio durante ese período.
Jacobo Bucaram habría pagado 321.600 dólares en efectivo
Jacobo Bucaram, hijo del expresidente, "pagó 321.600 dólares en efectivo por esta mercadería", según el testimonio que entregó el ciudadano extranjero antes de su asesinato y que la Fiscalía citó durante el juicio. Además, algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para movilizarse, de acuerdo a la investigación fiscal.
Las pruebas se comercializaban en varias provincias del país "sin facturas y sin pagar impuestos al Estado", según el Ministerio Público.
En total, 50 personas entre peritos y testigos declararon en este juicio, que arrancó el 11 de abril de 2025 tras varios diferimientos registrados desde 2022. El tribunal prevé anunciar su decisión en los próximos días.
Otros dos agentes de tránsito que actuaron como escoltas de seguridad ya recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados en el mismo caso.
Abdalá Bucaram defendió la inocencia de su hijo antes del fallo
Hasta el momento, Abdalá Bucaram no se ha pronunciado en redes sociales sobre el pedido de condena presentado por la Fiscalía.
El silencio del expresidente contrasta con sus declaraciones públicas anteriores.
En septiembre de 2020, un video que circuló en redes sociales mostró a Bucaram desde una casa de salud, llorando y expresando: "Mi hijo es inocente".
Con el alegato final presentado este jueves, la Fiscalía busca que el tribunal emita una condena contra Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y los demás implicados en este proceso judicial que marcó uno de los capítulos más polémicos de la pandemia en Ecuador.
