El economista Francisco Verduga analizó en Portoviejo, mediante el canal informativo Manavisión Plus, la crítica situación macroeconómica del territorio ecuatoriano sin el subsidio a los combustibles.
La entrevista abordó el incremento del valor de combustibles, la eliminación de subvenciones de transporte y los altos índices de subempleo nacional.
Verduga explicó detalladamente que los hidrocarburos constituyen factores indirectos determinantes para el traslado de bienes, víveres y materiales de construcción civil.
Por esta razón, cualquier modificación en sus bandas de precios genera una repercusión económica directa en las finanzas del ciudadano de a pie.
El analista advirtió que el impacto final todavía es moderado debido a que los municipios no han decretado alzas oficiales en pasajes urbano-populares.
Hasta la fecha, las bandas internacionales vigentes han obligado al Estado a pagar cerca de 600 millones de dólares en subsidios globales.
Análisis de tarifas y presupuestos de transportistas
Si se liberaran los precios totalmente, el galón costaría valores similares a Perú o Colombia, bordeando los seis dólares por unidad vehicular.
El diésel genera un efecto inmediato en el transporte masivo, sector donde el gobierno central eliminó formalmente los subsidios a los gremios dedicados.
La responsabilidad técnica para regular tarifas internas recae ahora directamente sobre las administraciones de los diversos municipios del territorio ecuatoriano.
El sueldo básico frente a la canasta familiar
Un incremento estimado del 25% en el pasaje urbano representaría un alza de 40 a 50 centavos por pasajero movilizado diariamente.
Para una familia de cuatro miembros activos, este ajuste significaría un gasto mensual adicional aproximado de 48 dólares americanos en transportación.
Dicho monto afecta gravemente el poder adquisitivo actual, considerando un salario básico unificado de 482 dólares que no cubre la canasta básica.
Desafíos estructurales de la dolarización
Verduga enfatizó que mantener subvenciones permanentes resulta inviable a largo plazo para una economía totalmente valorizada que carece de moneda propia.
El país carece de emisión orgánica de dinero y debe pagar anualmente un 2% por señoriaje para utilizar el dólar estadounidense legalmente.
Ante la reducción internacional del petróleo, el combustible local podría disminuir un 10%, equivalente a unos treinta centavos por galón comercializado.
Indicadores laborales e informalidad en Ecuador
La solución estructural exige priorizar rigurosamente el gasto público para impulsar plazas de producción efectivas y dinamizar el mercado laboral deprimido.
Los indicadores macroeconómicos son complejos, revelando que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos gozan actualmente de un empleo formal pleno.
El empleo pleno requiere afiliación obligatoria a la seguridad social, cumplimiento de 40 horas semanales y remuneraciones basadas estrictamente en la ley.
Subempleo y costos de insumos automotrices
Los restantes 7 de cada 10 ciudadanos subsisten relegados en el desempleo abierto o dedicados a emprendimientos informales de baja rentabilidad.
El incremento de tarifas solicitado por los transportistas está justificado técnicamente por los costos diarios de combustibles, llantas, baterías y repuestos importados.
Anteriormente, los buses urbanos populares recibían compensaciones estatales mensuales estimadas entre los 700 y 1.200 dólares americanos por unidad de transporte.
Calidad del servicio público y libre mercado
La supresión de esta asistencia gubernamental provoca el inminente traslado de los costos operativos finales hacia los usuarios habituales del servicio.
Los salarios del sector público registran un congelamiento de 16 años, impidiendo mitigar los gastos fijos de las familias de clase media.
La cotización de mercancías esenciales se mantiene estable por la baja demanda agregada, puesto que el circulante resulta insuficiente en el consumo local.
Contracción de la demanda y deflación económica
Esta falta de liquidez generalizada genera escenarios de deflación, impidiendo cubrir de forma óptima salud, educación de calidad y alimentación familiar.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben fiscalizar los acuerdos tarifarios, exigiendo mejoras sustanciales en frecuencias, horarios, unidades y correcta cultura vial ciudadana.
El Servicio de Rentas Internas eliminó la devolución del IVA en combustibles para evitar fraudes tributarios reiterados cometidos por usuarios no autorizados.
Seguridad ciudadana y políticas de crédito público
El beneficio histórico diseñado originalmente para personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad sufrió abusos generalizados en el mercado.
La alarmante crisis de inseguridad pública destruye sistemáticamente la economía de los pequeños emprendimientos ubicados en las zonas céntricas de Portoviejo.
Los tradicionales negocios nocturnos quiebran aceleradamente por la ausencia total de resguardo policial efectivo en los parques principales de Manabí.
Educación financiera y presupuesto familiar
Es imperativo consolidar cátedras escolares obligatorias de cultura financiera básica para mitigar el sobreendeudamiento sistemático que aqueja a los hogares ecuatorianos.
La administración de recursos escasos es vital; existen familias que logran subsistir ordenadamente ordenando presupuestos basados en el sueldo básico actual.
El aparato productivo nacional se estanca debido a la ausencia crítica de políticas de crédito blando al 1% prometidas por la banca pública.
Sustentabilidad fiscal e impuestos en Sudamérica
La asignación de ayudas gubernamentales como becas juveniles de 828 dólares requiere cláusulas estrictas de devolución obligatoria si no son justificadas.
El subsidio anual al gas licuado de petróleo demanda una inversión fiscal superior a los 1.200 millones de dólares del presupuesto estatal.
La estructura impositiva ecuatoriana posee un IVA del 15%, inferior al de Uruguay con 21% o Argentina que registra un 18% general.
Alivio tributario y consumo comercial
Finalmente, la reducción transitoria del Impuesto a los Consumos Especiales para la cerveza busca incentivar el consumo comercial durante la temporada deportiva.
Estas medidas gubernamentales de alivio tributario temporal dinamizan parcialmente sectores económicos específicos, disminuyendo tensiones sociales dentro del complejo contexto político nacional.
