El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE), encabezado por su presidente Pabel Cantos y el director ejecutivo David López, acudió este miércoles 22 de abril de 2026 a la sede de la Corte Constitucional en Quito. La delegación formalizó la presentación de un Amicus Curiae con el propósito de respaldar jurídicamente la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Esta intervención busca sustentar la constitucionalidad del proyecto de reforma ante el máximo organismo de control constitucional. Según los representantes del sector rural, la normativa actual es indispensable para garantizar la sostenibilidad financiera de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales y optimizar los procesos de administración pública en el territorio.
Objetivos y eficiencia administrativa
La propuesta de reforma, defendida por la delegación parroquial, tiene como eje central la mejora en la eficiencia del gasto público dentro de las administraciones locales. Al fortalecer el marco legal del Cootad, los gobiernos parroquiales buscan mayor autonomía en la gestión de recursos, lo que permitiría, según sus voceros, una ejecución presupuestaria más ágil y adaptada a las necesidades reales de las comunidades rurales del país.
El respaldo técnico presentado a través del Amicus Curiae no surge de forma aislada. Este documento incorpora criterios derivados de un extenso proceso de diálogo previo, en el cual participaron autoridades parroquiales en conjunto con el Gobierno Nacional y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, buscando un equilibrio técnico en la redacción final de la norma.
El proceso en la Corte Constitucional
Con esta presentación, la Corte Constitucional deberá ahora analizar los argumentos técnicos y jurídicos proporcionados por el Conagopare como parte integral del proceso de revisión de la normativa. La intervención de los gobiernos parroquiales busca que los magistrados consideren el impacto positivo que la reforma tendría en el desarrollo local y la equidad territorial, elementos fundamentales en la organización del Estado ecuatoriano.
La expectativa de los gobiernos parroquiales es que el alto tribunal avale el procedimiento legislativo y el contenido sustancial de la reforma, permitiendo así su aplicación inmediata. El gremio ha enfatizado que su participación en el proceso constitucional es una muestra de su compromiso con el fortalecimiento de la descentralización y la transparencia en el manejo de los fondos públicos que benefician a la ciudadanía rural.
