El casco central de Portoviejo no ha vuelto a ser el mismo de lo que era antes del terremoto del 16 de abril del 2016. A diez años del sismo, muestra distintos escenarios: edificios públicos reconstruidos, otros abandonados y terrenos baldíos donde antes funcionaban las instituciones.
El edificio de la Contraloría es uno de los que no ha vuelto a ser construido, pese a que se cobró por el seguro. En total, fueron 200 mil dólares que la entidad cobró por el seguro, cuyo dinero ingresó a las arcas del Estado y fueron utilizados en otros proyectos, según se ha informado anteriormente.
El terreno ubicado en las calles Olmedo entre Sucre y Bolívar, permanece lleno de maleza sin una nueva construcción.
No todos los edificios de Portoviejo se reconstruyeron
Una situación similar ocurre con el Complejo Judicial de Portoviejo, que antes del terremoto funcionaba en la ciudadela Universitaria. El terreno permanece vacío y es usado como parqueadero.
Otro panorama gris se presenta en las edificaciones que fueron afectadas con el terremoto y que permanecen sin uso.
Edificios como la Coordinación Zonal de Educación, el Palacio de Justicia, el exBanco Ecuatoriano de la Vivienda, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, son parte de las estructuras que no han sido reactivadas.
Reconstrucción que no llegó
Según informes de la Secretaría de la Reconstrucción, para Portoviejo se consideraron más de 268,7 millones de dólares para programas y proyectos de la reconstrucción.
Edificios como el Centro de Atención Ciudadana (CAC), el Palacio Municipal, el Mercado Central, el Centro Comercial Uno (CC1), figuran en esta lista, al igual que la regeneración urbana y el denominado Plan Priza.
Sin embargo, a una década del sismo aún hay proyectos pendientes que forman parte de un proceso prolongado de recuperación urbana de Portoviejo.
En el terreno del ex Centro Comercial Municipal, se levanta una nueva estructura con el nombre de Plaza Memorial San Gregorio, un proyecto que busca reconfigurar una de las zonas más afectadas por el sismo.
A dos cuadras de allí, en las calles Franscico Pacheco entre Pedro Gual y 10 de Agosto, también se construye el edificio administrativo del IESS. En esta obra se invierten más de 6,7 millones de dólares, cobrados por el seguro del edificio que colapsó con el terremoto.
Infraestructura pendiente
Para algunos ciudadanos, la recuperación de las edificaciones públicas es clave para dinamizar la economía en el centro de Portoviejo.
Carlos Vélez, comerciante de esta ciudad, considera necesario que se construyan nuevamente las instituciones que desaparecieron, como la Contraloría, la Coordinación de Educación y el Palacio de Justicia, entidades que antes concentraban una importante presencia de usuarios.
Según analistas, la reactivación total del centro requiere procesos de coordinación e inversión que permitan consolidar el movimiento urbano.
El reclamo de activistas
Patricia Briones, presidenta del Frente Cívico de Manabí, recuerda que el terremoto dejó pérdidas humanas, materiales y sociales que marcaron a las familias y comunidades de la provincia.
Sin embargo, señala que a diez años del terremoto todavía se observan obras inconclusas y proyectos que nunca se ejecutaron, así como centros educativos que continúan funcionando en condiciones provisionales. "La ciudadanía sigue esperando transparencia. Es necesario que se rindan cuentas claras sobre el uso de los recursos, y que se expliquen decisiones que, en algunos casos, no priorizaron las verdaderas necesidades de las zonas afectadas", expresa.
Francisco Bravo, activista político, sostiene que es necesario presionar a los asambleístas para que respondan en materia de fiscalización sobre los recursos utilizados tras el terremoto. Bravo sostiene que muchos de los fondos de la reconstrucción se desviaron hacia proyectos que no estaban destinados directamente a la atención de los damnificados del desastre.
Con esto coincide Patricio García, coordinador de la Comisión Anticorrupción capítulo Manabí, quien considera que ciertas obras debieron financiarse con recursos del presupuesto general del Estado y no con los fondos destinados a la reconstrucción.
Una deuda con la reconstrucción de Manabí
García señala que los recursos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, debieron utilizarse en función de las necesidades de las personas que aún enfrentan problemas de vivienda, reactivación económica y acceso a servicios, luego del terremoto.
Según García, la destrucción posterior al terremoto se valoró en 3 mil millones de dólares, mientras que la Ley de Solidaridad logró recaudar 3.500 millones de dólares entre donaciones extranjeras y el impuesto al IVA que se incrementó del 12% al 14% durante un año.
"Es decir, que hubo un excedente de 500 millones de dólares", precisa García, quien no pierde la esperanzas de que se investigue el destino de todo el dinero recaudado.
Esto, a pesar de que ya han pasado diez años y la ley de la Contraloría solo permite auditar un plazo de hasta siete años. "Si existiera la voluntad política del presidente, deberían haber presentado un proyecto de ley o haber otorgado ciertas facultades a la Contraloría para que este delito no prescribiera", sostiene.
De hecho, recalca que delitos como el peculado no prescriben, por lo que "queda la esperanza que en algún momento algún funcionario público, el presidente de la república o los asambleístas lo intenten investigar".
