Juan Carlos Orellana, alcalde del cantón Aguarico, en la provincia de Orellana, fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de falsificación y uso de documento falso relacionado con un supuesto título de abogado. El fallo fue emitido por la Corte Provincial de Justicia de Orellana tras una investigación iniciada en 2022.

La sentencia también establece el pago de 10 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 4 820, además de la suspensión de los derechos de participación política mientras dure la condena. El tribunal ordenó, además, la anulación del título profesional utilizado por el funcionario.

Según la investigación judicial, el alcalde afirmó haber estudiado en Colombia. Sin embargo, la Dirección Nacional de Migración certificó que no existían movimientos migratorios que demostraran salidas del país durante el período señalado por el procesado.

Universidad negó vínculo académico

Durante el proceso, la universidad mencionada por el alcalde informó que Juan Carlos Orellana no fue estudiante de esa institución. Ese elemento formó parte de las pruebas presentadas por Fiscalía dentro del caso. Además, las autoridades detectaron que el código QR del documento registrado en la extinta Senescyt no pertenecía al funcionario. El sistema identificó que el código correspondía a otra persona.

De acuerdo con el expediente, el alcalde se presentaba como abogado durante su etapa como edil. También firmaba documentos públicos en distintas funciones institucionales utilizando esa calidad profesional. Como parte de la reparación integral, el tribunal dispuso que el alcalde ofrezca disculpas públicas por el hecho investigado. Esa medida deberá cumplirse conforme a lo establecido por la sentencia.

No obstante, el fallo todavía no está en firme. La defensa del alcalde presentó un recurso de apelación. Por esa razón, la condena y una posible detención no podrán ejecutarse hasta que exista una resolución definitiva sobre el recurso. El caso se mantiene bajo análisis de las instancias judiciales correspondientes. Mientras tanto, las medidas ordenadas quedan suspendidas hasta que concluya el proceso de apelación.

Intentos de contacto sin respuesta

El medio Ecuavisa informó que intentó comunicarse con Juan Carlos Orellana para obtener su versión sobre la sentencia. Sin embargo, hasta la publicación de la información no hubo respuesta del funcionario. Asimismo, el medio señaló que también buscó contactar a la vicealcaldesa de Aguarico, Karla Ajon, para consultar si el Concejo Municipal tratará el caso en una sesión oficial. No obstante, tampoco fue posible obtener declaraciones.

El proceso judicial ha generado atención en Orellana debido a la participación de una autoridad electa y al uso de un supuesto título profesional en documentos públicos. La sentencia se suma a otros procesos relacionados con la verificación de títulos académicos en cargos públicos del país. En este caso, la investigación incluyó informes migratorios, registros académicos y validaciones digitales del documento presentado por el alcalde.

Entre las pruebas revisadas por el tribunal constaron certificaciones oficiales y reportes institucionales. La resolución judicial determinó responsabilidad penal por el uso del documento cuestionado. "La universidad certificó que no fue su estudiante", señala parte de la información presentada durante el proceso judicial. La situación jurídica del alcalde dependerá ahora de la resolución de la apelación presentada por su defensa ante las autoridades competentes.