Desde abril del abril de 2026, los directivos de las instituciones educativas en Ecuador cuentan con un nuevo marco de acción para la gestión de conflictos. El Ministerio de Educación (MINEDEC) expidió un acuerdo que delega a las máximas autoridades de los planteles la facultad de conocer y resolver directamente las faltas disciplinarias de los estudiantes. El objetivo es que los rectores recuperen la potestad de control, eliminando la dependencia excesiva de los trámites distritales para situaciones que requieren soluciones pedagógicas inmediatas.
De acuerdo con la normativa suscrita por la ministra Gilda Alcívar, los rectores deberán intervenir en todas las faltas previstas en el artículo 211 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Esta delegación de funciones busca que el sistema educativo pase de una burocracia lenta a una respuesta rápida y formativa, donde el rector sea el eje central del orden institucional, garantizando que las sanciones se apliquen de forma justa y oportuna para no interrumpir el proceso de enseñanza.
Protocolos ante deshonestidad y faltas a la convivencia
En la práctica, el rector deberá actuar de oficio o por denuncia ante casos de deshonestidad académica y otras faltas disciplinarias. Esto incluye situaciones donde un estudiante sea sorprendido copiando trabajos, utilizando materiales no autorizados en exámenes o presentando como propio contenido extraído de internet sin citar fuentes. La autoridad institucional está obligada a aplicar la medida socioeducativa correspondiente, priorizando la formación ética del alumno por encima del castigo punitivo, pero dejando constancia del correctivo aplicado.
Asimismo, los directivos tienen la responsabilidad de intervenir cuando se altere la convivencia armónica. Los rectores podrán sancionar el uso indebido del uniforme fuera del plantel, el abandono de la jornada sin autorización y el consumo de sustancias prohibidas dentro de las instalaciones. Según explicó el viceministro de Gestión Educativa, Juan Carlos Rodríguez, esta autonomía permitirá que los directivos no esperen resoluciones externas que solían llegar "tarde, mal o nunca", mejorando notablemente el clima escolar cotidiano.
Daños a la infraestructura y sabotaje académico
La actuación de los rectores también se extiende a la protección de los bienes públicos y privados. Ante la destrucción voluntaria de materiales educativos o el deterioro de instalaciones (como rayar paredes o puertas), la autoridad del plantel deberá iniciar el proceso para establecer la responsabilidad del estudiante. La normativa exige que se cuide el equipamiento técnico y mobiliario, otorgando al rector la capacidad de exigir el cumplimiento de los códigos de convivencia para preservar el entorno de aprendizaje.
Por otro lado, los directivos deberán actuar frente a conductas que obstaculicen el desarrollo académico normal. Esto abarca desde gritos o ruidos constantes en el aula hasta actos de proselitismo político o incitación a la paralización del servicio educativo. El rector debe asegurar que ninguna acción externa o interna sabotee los procesos electorales estudiantiles o las actividades culturales, manteniendo siempre un tono neutral y apegado a la normativa vigente del Ministerio de Educación.
Límites de competencia y derivación de casos graves
Pese a la nueva autonomía para resover faltas disciplinarias, el protocolo establece límites claros sobre cuándo el rector debe abstenerse de resolver un caso. Aquellas situaciones que involucren faltas disciplinarias acoso escolar, violencia física o psicológica, hostigamiento académico o casos donde el personal administrativo sea parte del conflicto, no podrán ser resueltos internamente. En estas circunstancias, el rector tiene la obligación de derivar el expediente con celeridad a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
El acuerdo ministerial subraya que este catálogo de faltas es referencial y puede ser ampliado en los códigos de convivencia de cada institución. Con esta medida, el Gobierno busca que el liderazgo escolar se fortalezca, permitiendo que cada establecimiento adapte sus reglas a su realidad territorial. La meta es reducir el volumen de casos represados en los distritos y transformar la disciplina en una herramienta de crecimiento humano dentro de las aulas ecuatorianas.
