Un nuevo proyecto de ley con carácter económico urgente llega a la Asamblea Nacional. Esta vez, la propuesta busca fortalecer los controles sobre los flujos de capitales y otorgar mayor supervisión a fundaciones, ONG y organizaciones sin fines de lucro que operan en el país.

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Valentina Centeno, será la encargada de analizar el texto, tras la reciente calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La normativa, que deberá tramitarse en un plazo máximo de 30 días, también introduce cambios relevantes en materia fiscal, como ajustes al impuesto a la renta sobre dividendos y sanciones para prevenir el desvío de fondos.

Más controles sobre las organizaciones sociales

Según el proyecto, las fundaciones, corporaciones, ONG y otras entidades sin fines de lucro pasarán a estar bajo la vigilancia directa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Este organismo será responsable de auditar, intervenir y supervisar su funcionamiento.

La intención, según el texto, es garantizar un uso transparente y responsable de los recursos que estas organizaciones gestionan, especialmente aquellos que provienen del extranjero o que pueden ser susceptibles de mal uso.

Entre las infracciones que se tipifican se encuentran:

• Uso indebido o desvío de recursos respecto a sus fines legales.

• Incumplimiento repetido de las normas de contabilidad y transparencia.

• Obstaculización del control que ejerce la Superintendencia.

Estas medidas buscan frenar el posible lavado de activos o la financiación irregular que podría camuflarse a través de entidades de la sociedad civil.

Reformas fiscales sobre dividendos y utilidades

El proyecto también propone cambios en la tributación de las empresas. Se plantea:

• Un impuesto único del 12 % sobre las utilidades que se repartan entre accionistas residentes en Ecuador.
• Un impuesto del 10 % si los dividendos se entregan a accionistas no residentes.
• Y una tarifa mayor, del 14 %, cuando se detecte que el beneficiario final es un residente en un paraíso fiscal o, incluso, cuando en cualquier nivel de la cadena de propiedad exista un vínculo con un residente en Ecuador.

Estas modificaciones, según explica la propuesta, no afectarán la distribución del 15 % de utilidades que las empresas destinan obligatoriamente a sus trabajadores, buscando así no alterar los beneficios laborales existentes.

Una agenda con participación de distintos sectores

Tras ser calificado, el proyecto entra a la fase de debate en la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá definir un cronograma de trabajo y convocar a actores clave:

• Representantes del Gobierno.

• Gremios empresariales y productivos.

• Voceros de fundaciones y organizaciones sociales.

• Expertos académicos y ciudadanos interesados.

El objetivo, según señaló la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, es garantizar una discusión técnica, transparente y participativa. Y así construir un texto que responda tanto a la necesidad de control como a la realidad de las organizaciones del país.

Supervisión para evitar irregularidades en organizaciones sin fines de lucro

La iniciativa surge como parte de un esfuerzo por reforzar los controles en un contexto económico complejo, donde los flujos irregulares de capitales pueden poner en riesgo la estabilidad financiera y la transparencia institucional.

Además de la vigilancia económica, el proyecto refuerza la prevención del blanqueo de capitales y establece sanciones claras para quienes incumplan las disposiciones.

Lo que viene

En los próximos días, la Comisión empezará a recibir comparecencias, revisar informes técnicos y ajustar detalles. Todo esto antes de presentar el informe para el primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

El país estará atento a los cambios definitivos que, de ser aprobados, podrían transformar la supervisión de miles de entidades sin fines de lucro y modificar el sistema tributario para las utilidades empresariales.