Las cárceles de Ecuador dejaron de ser solo centros de reclusión para convertirse en escenarios de muerte, enfermedad y caos. En 2025, el sistema penitenciario no solo incumplió sus metas: colapsó bajo el peso de la violencia, con cifras que duplican lo previsto y revelan una crisis que se agrava sin control.
El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) cerró el año con 206 muertes en prisión, más del doble de la meta oficial, en medio de masacres, brotes de tuberculosis, denuncias de desnutrición y un hacinamiento que supera ampliamente los límites establecidos.
El informe y los datos
Según el informe de Rendición de Cuentas 2025, presentado en marzo de 2026, el sistema cerró el año con 206 muertes vinculadas a violencia intracarcelaria.
La cifra más que duplica la meta institucional, fijada en 88 fallecimientos. Aunque el SNAI clasifica estas muertes como producto de violencia interna, el reporte incluye también casos relacionados con suicidios, causas naturales o aún sin determinar, señala una publicación del portal Primicias.
El dato ubica a 2025 como el segundo año más violento en las cárceles ecuatorianas desde 2020, solo superado por 2021, cuando se registraron algunas de las peores masacres carcelarias del país.
La violencia se manifestó nuevamente con fuerza el año pasado, con episodios como la masacre en la cárcel de Machala, que dejó 61 muertos y 53 heridos, y otra en Esmeraldas, con 18 fallecidos y 25 lesionados.
A esto se suman 473 situaciones de crisis registradas en el año, una cifra que contrasta radicalmente con el objetivo institucional de reducir estos eventos a 79 hasta 2025. Riñas, motines y enfrentamientos entre grupos delictivos continúan marcando la dinámica diaria en los centros penitenciarios.
Las muertes en las cárceles
El informe también revela preocupantes datos sobre la forma en que se producen las muertes. De los casos confirmados, el 34% ocurrió por asfixia, lo que evidencia condiciones extremas de violencia. Además, se documentaron 15 ahorcamientos y al menos cuatro presuntos suicidios.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que estas cifras podrían ser aún más altas. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos sostiene que el balance oficial excluye fallecimientos por enfermedad, desnutrición o causas no determinadas, que hasta noviembre de 2025 superaban las 650 muertes adicionales.
La crisis no es solo de seguridad. Las cárceles ecuatorianas enfrentan también un grave problema sanitario. Un brote de tuberculosis obligó al traslado de 496 presos desde la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, evidenciando las condiciones precarias en las que viven los reclusos. La desnutrición y la falta de atención médica adecuada agravan aún más el panorama.
El hacinamiento es otro de los factores clave detrás de esta crisis. Aunque el SNAI se propuso reducir la sobrepoblación por debajo del 10%, el sistema cerró 2025 con una tasa del 34,42%. La tendencia continúa al alza: en el primer trimestre de 2026 ya alcanza el 35,59%.
La población penitenciaria creció de 33.620 personas en enero a 36.908 en diciembre de 2025. Para marzo de 2026, el número asciende a 37.230 reclusos, pese a que la capacidad instalada es de apenas 27.458.
Este incremento está directamente relacionado con los operativos masivos de seguridad impulsados por el Gobierno tras la declaratoria de guerra contra las mafias en 2024.
En su informe, el director del SNAI, Mauricio Mayorga, atribuye el incumplimiento de metas a un "contexto de alta complejidad", marcado por la presencia de estructuras criminales organizadas, limitaciones de personal y deficiencias en infraestructura y tecnología. También señala restricciones presupuestarias como un obstáculo transversal que ha impedido mejorar las condiciones del sistema.
Un presupuesto no ejecutado
La ejecución presupuestaria total en 2025 fue del 68,35%. Mientras el gasto corriente alcanzó un 87,56%, enfocado en sueldos y operatividad, la inversión apenas llegó al 36,71%. Proyectos clave, como la construcción de la cárcel de Archidona, quedaron estancados por conflictos sociales, y otras obras avanzan con retrasos y pagos pendientes.
El Gobierno, sin embargo, tiene otra lectura. El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la gestión del SNAI como un "completo fracaso" administrativo y anunció una reestructuración profunda del sistema. Como parte de esta estrategia, se aprobó recientemente una reforma legal para fortalecer el sistema penitenciario.
Entre las medidas anunciadas está la construcción de un nuevo centro carcelario en Santa Elena, con capacidad para más de 15.000 reclusos. El proyecto, considerado urgente por el Ejecutivo, tendría un plazo de ejecución de entre 15 y 18 meses y contaría con infraestructura moderna, incluyendo servicios médicos internos para evitar traslados hospitalarios.
Mientras tanto, la realidad dentro de las cárceles sigue siendo crítica. La baja participación en programas de rehabilitación —apenas el 18,46% de la población penitenciaria— refleja un sistema desbordado, donde la reinserción social ha quedado relegada frente a la urgencia de controlar la violencia. (10).
