Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Ejército Ecuatoriano y en coordinación con otras instituciones del Estado, ejecutaron una operación militar contra la minería ilegal. Ocurrió en el cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, específicamente en el sector Leonidas Plaza.
Durante la intervención, se destruyeron 4 dragas, 12 bombas de succión, 1 motor de succión, mil galones de combustible, 10 galones de aceite, 300 metros de manguera de 2 pulgadas y un campamento ilegal, según información oficial difundida por las Fuerzas Armadas.
Operación militar
La acción se llevó a cabo en el marco de las operaciones continuas del Bloque de Seguridad para combatir actividades ilícitas que afectan los recursos naturales y la seguridad nacional. El personal militar procedió a la inutilización y destrucción del equipo y la infraestructura detectada, aplicando protocolos establecidos para neutralizar estructuras clandestinas sin generar riesgos adicionales al entorno o a la población.
La operación responde a denuncias y monitoreo permanente en zonas amazónicas donde la minería ilegal genera graves impactos ambientales, como contaminación de ríos con mercurio y sedimentos, deforestación y alteración de ecosistemas protegidos.
En este caso, no se reportaron detenciones inmediatas ni enfrentamientos, enfocándose en la destrucción de medios materiales utilizados para la extracción ilícita.
Lo destruído
De acuerdo con el reporte oficial de las Fuerzas Armadas del Ecuador, los elementos destruidos incluyen 4 dragas utilizadas para extracción mecanizada en ríos y quebradas, 12 bombas de succión y 1 motor destinados a la aspiración de material aurífero.
Además, de mil galones de combustible y 10 galones de aceite que abastecían la maquinaria, 300 metros de manguera de 2 pulgadas para el funcionamiento de los equipos y un campamento ilegal que servía de base operativa.
La provincia de Morona Santiago, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, es una de las zonas más afectadas por la minería ilegal, junto con provincias como Esmeraldas, Imbabura, Azuay, Zamora Chinchipe y Sucumbíos. Estas operaciones suelen estar vinculadas a estructuras del crimen organizado, que utilizan los ingresos para financiar otras actividades delictivas.