Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por presunto proselitismo político a favor de la candidata presidencial Luisa González durante las elecciones generales de 2025. La acusación señala que Alvarez utilizó su cargo público para promover un evento de cierre de campaña, un acto que Guarderas considera ilegal y sancionable. La denuncia, ingresada formalmente en el TCE, se basa en publicaciones en redes sociales atribuidas al alcalde.
En un video difundido en su cuenta de X, Guarderas afirmó que Alvarez “convirtió su cargo en tarima de campaña” al convocar a los guayaquileños a un evento político de González. Según el exvocal, este comportamiento viola las normativas electorales que prohíben a los funcionarios públicos participar en actividades de proselitismo. Guarderas hizo referencia a un caso similar en Quito, donde el alcalde Pabel Muñoz fue sancionado, como precedente para exigir medidas contra Alvarez.
Denuncia de proselitismo
La denuncia se enmarca en el período postelectoral de las elecciones generales de 2025, un proceso marcado por tensiones entre actores políticos y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en campañas. Guarderas, conocido por su trayectoria en el CPCCS, ha señalado que su acción busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley electoral. Por su parte, Alvarez, miembro del movimiento Revolución Ciudadana, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la acusación hasta el cierre de esta nota.
El TCE, encargado de resolver controversias electorales, deberá evaluar la denuncia y determinar si las pruebas presentadas, incluyendo la publicación en redes sociales, constituyen una infracción. De confirmarse el proselitismo, Alvarez podría enfrentar sanciones como multas, suspensión de derechos políticos o incluso la destitución, según lo estipulado en el Código de la Democracia.
Precedente en Quito
Un caso similar involucró al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también de Revolución Ciudadana. Muñoz fue denunciado por proselitismo político durante la misma campaña electoral. En 2024, el TCE lo sancionó con una multa de USD 9,200 y la obligación de ofrecer disculpas públicas. Además, Muñoz enfrenta un proceso de revocatoria de su mandato por presunto incumplimiento de funciones mientras participaba en actividades de campaña a favor de Luisa González.
Este precedente refuerza la argumentación de Guarderas, quien sostiene que las autoridades deben actuar con neutralidad durante los procesos electorales. “Lo que ocurrió en Quito es un ejemplo claro de que estas conductas no pueden quedar impunes”, afirmó en su publicación en X. La similitud entre ambos casos podría influir en la resolución del TCE respecto a Alvarez.
km
