En la parroquia Leonidas Proaño, en Montecristi, alguna vez se levantó una escuela moderna que prometía cambiar la vida de más de 2.200 estudiantes.

Hoy, en su lugar, solo queda un terreno cubierto de maleza y recuerdos que duraron apenas un par de años. La historia comenzó tras el terremoto del 16 de abril de 2016, que destruyó numerosas edificaciones escolares en Manabí.

El Estado ecuatoriano impulsó entonces la construcción de las llamadas Unidades Siglo XXI para reemplazar la infraestructura educativa afectada.

Estas edificaciones prefabricadas fueron diseñadas con paneles resistentes a sismos y pensadas para instalarse rápidamente. En enero de 2018, el entonces ministro de Educación, Fander Falconí, inauguró la Unidad Educativa "Kerlly Torres", una obra cercana al millón de dólares que ofrecía servicios similares a las Unidades del Milenio, aunque con materiales distintos.

Formaba parte de la política de "Nueva Infraestructura Educativa", promovida durante el gobierno de Rafael Correa, cuyo objetivo era garantizar espacios escolares modernos, seguros y equipados.

Un proyecto ambicioso que terminó fallando

La Unidad Educativa "Kerlly Torres" en Leonidas Proaño era solo una pieza de un plan mucho mayor a nivel nacional: la construcción de 200 unidades prefabricadas en todo el país, mediante un contrato de USD 196 millones con la empresa china China Railway.

La meta era levantar una escuela cada tres días, pero el proyecto apenas alcanzó el 25% de ejecución. Con el cambio de gobierno y el distanciamiento político durante la administración de Lenín Moreno, el contrato fue terminado unilateralmente por incumplimientos.

Esto desencadenó un litigio internacional que obligó al Estado ecuatoriano a pagar 67 millones de dólares. Informes posteriores de la Contraloría evidenciaron múltiples problemas: entrega irregular de terrenos, predios sin legalizar y ausencia de estudios de suelo adecuados para la construcción.

El problema legal con el dueño del terreno

En Montecristi, las fallas fueron decisivas. El terreno nunca fue inscrito a nombre del Ministerio de Educación, lo que generó conflictos legales, según un informe de la Dirección Provincial de la institución.

En 2019, la unidad fue desalojada y, para 2020, los estudiantes fueron trasladados a otros espacios. Poco después, la infraestructura quedó abandonada y fue saqueada en cuestión de días. "La gente entraba y se llevaba todo", recuerda un habitante del sector.

El propietario original recuperó el terreno y lo cercó. Hoy no queda rastro de la escuela que alguna vez se presentó como símbolo de reconstrucción. Como este, otros proyectos similares en el país permanecen incompletos o inutilizados.