La creciente inseguridad que afecta a operadores de justicia en la provincia de El Oro ha obligado a que cuatro agentes fiscales trabajen bajo resguardo policial y en modalidad de teletrabajo, según confirmó la Fiscalía Provincial.
La medida se adopta en un contexto marcado por amenazas constantes contra funcionarios judiciales y tras hechos de violencia que han generado preocupación dentro del sistema de justicia. Entre los casos recientes figura el asesinato de la doctora Lady Pachar, hecho que incrementó las alertas sobre la seguridad de quienes desempeñan funciones en el ámbito judicial.
De acuerdo con la Fiscalía, las amenazas provienen de distintos sectores vinculados a procesos judiciales y buscan influir en decisiones relacionadas con medidas cautelares, investigaciones y otros procedimientos legales.
Amenazas incluyen mensajes y advertencias
La institución informó que los cuatro fiscales protegidos presentaron denuncias formales por amenazas e intimidaciones. Algunos de los resguardos policiales se mantienen desde hace aproximadamente un año, mientras que otros fueron asignados recientemente.
Entre las formas de intimidación reportadas constan mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, fotografías de viviendas, familiares y bienes personales, además de advertencias sobre posibles atentados.
La evaluación de riesgo de cada caso está a cargo del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional.
Respecto al ataque armado registrado en el domicilio de una funcionaria de Fiscalía en Huaquillas, la institución indicó que la servidora presentó un informe en el que atribuye el hecho a asuntos personales y no a sus funciones dentro de la entidad.
Déficit de fiscales y jueces preocupa a las autoridades
La Fiscalía Provincial señaló que actualmente cuenta con 42 agentes fiscales, cuando anteriormente disponía de 48. La reducción se atribuye a destituciones y fallecimientos de funcionarios, situación que ha generado una mayor carga laboral para el personal restante.
Las autoridades reconocen que existe un déficit permanente de fiscales, secretarios y asistentes, lo que obliga a muchos funcionarios a extender sus jornadas para evitar retrasos en los procesos judiciales.
A esta situación se suma la falta de jueces en la provincia. Durante una sesión del Consejo de la Judicatura, se informó que el Tribunal Penal de El Oro opera con apenas cinco jueces de los nueve que debería tener, lo que ha obligado a los magistrados en funciones a trabajar incluso fines de semana y feriados.
Las autoridades judiciales advirtieron que la escasez de personal podría generar retrasos procesales y aumentar el riesgo de que algunas causas enfrenten problemas relacionados con el vencimiento de plazos legales.
