La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado que se presentará ante los tribunales el próximo miércoles 18 de junio, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción en la denominada Causa Vialidad. La exmandataria expresó que busca “estar a derecho” y solicitó cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, alegando razones de seguridad personal.

Confirmación de la sentencia y decisión de entrega

El fallo definitivo de la Corte Suprema ratifica la condena impuesta en diciembre de 2022, donde Fernández fue hallada culpable de administración fraudulenta agravada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, provincia de la que fue oriunda políticamente. La resolución judicial representa el cierre del proceso en instancias ordinarias, abriendo paso a la ejecución de la pena.

Cristina Fernández hizo pública su decisión a través de un mensaje en la red social X, en el que reiteró su inocencia y denunció una “persecución política” en su contra. “No somos la derecha mafiosa que elude órdenes judiciales”, escribió, diferenciando su actitud de otros referentes políticos implicados en causas penales.

Solicitud de arresto domiciliario y argumentos de seguridad

En su declaración, Fernández anunció que pedirá cumplir la condena en arresto domiciliario, citando “estrictas razones de seguridad personal”. Argumentó que, como expresidenta, tiene derecho a una custodia permanente de por vida, conforme a la legislación argentina, lo que dificultaría su encarcelamiento en un establecimiento penitenciario convencional.

La exmandataria recordó además que fue víctima de un intento de asesinato en septiembre de 2022, cuando un hombre apuntó una pistola a su rostro a corta distancia, pero el arma no se disparó. Afirmó que aún no se han esclarecido los autores intelectuales ni los financistas detrás del ataque, lo que, a su juicio, refuerza el peligro que corre su integridad.

Reacciones políticas y contexto judicial

La decisión de la Corte Suprema fue celebrada públicamente por el actual presidente de Argentina, Javier Milei, quien sostuvo que la Justicia “finalmente actuó”. Por su parte, Fernández criticó el fallo y lo vinculó con una operación política en su contra, que se habría gestado desde los ámbitos judiciales y mediáticos.

La Causa Vialidad ha sido uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción durante los gobiernos kirchneristas. La investigación reveló irregularidades en la adjudicación de obra pública a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, especialmente entre 2003 y 2015, periodo que incluye los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Proceso penal y antecedentes

La condena inicial fue dictada el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, que la consideró responsable de haber favorecido a contratistas específicos en más de 50 licitaciones. Si bien el tribunal la absolvió del delito de asociación ilícita, se mantuvo la figura de administración fraudulenta contra el Estado.

Fernández no ocupaba ningún cargo público en el momento de la condena, pero sí fue vicepresidenta hasta diciembre de 2023. La inhabilitación perpetua le impedirá competir electoralmente o ejercer funciones públicas de por vida.

Con la sentencia firme, corresponde que la justicia ejecute la pena. La defensa de Fernández podrá apelar ante tribunales internacionales, pero dichos recursos no suspenden el cumplimiento de la condena.

Etapas próximas en el caso

La presentación voluntaria de Fernández está prevista para el miércoles 18 de junio, fecha en la que deberá comparecer ante los tribunales correspondientes para iniciar el proceso de cumplimiento de la pena. La solicitud de arresto domiciliario deberá ser evaluada por un juez de ejecución penal, quien deberá considerar tanto las condiciones personales como los criterios legales vigentes.

Este hecho marca un nuevo hito en la historia judicial y política del país, con la primera expresidenta constitucionalmente electa sujeta a una condena penal firme, lo que podría tener implicaciones jurídicas y sociales de largo alcance.