La Corte Suprema de Argentina confirmó por unanimidad la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en el caso Vialidad. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de la defensa y del fiscal Mario Villar, utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, fundamentando la decisión debido a su trascendencia institucional. La sentencia implica que Kirchner, de 72 años, no podrá competir en las elecciones legislativas de septiembre y enfrenta la posibilidad de arresto domiciliario, decisión que ahora está en manos del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
La condena, dictada inicialmente en diciembre de 2022 por el TOF 2 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024, se centra en el desvío de fondos públicos a través de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Estos beneficiaron al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner. El fallo señala que estas acciones constituyeron un delito de administración fraudulenta. Con un desfalco estimado en 84,800 millones de pesos (aproximadamente 74 millones de dólares al cambio actual). Además de Cristina Fernández de Kirchner, otras ocho personas. Entre ellas Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, recibieron condenas de entre 3 y 6 años.
«Estar presa es un certificado de dignidad»
Horas antes del fallo, cientos de seguidores de Cristina Fernández de Kirchner se congregaron frente a la sede del Partido Justicialista (PJ) en Buenos Aires, donde la expresidenta, líder del peronismo, presidió una reunión para definir estrategias ante la inminente resolución judicial. Simpatizantes con banderas de organizaciones políticas y sindicatos mostraron su apoyo, mientras algunos vendedores ofrecían camisetas con imágenes de Kirchner y Eva Perón. La exmandataria, quien el lunes afirmó que “estar presa es un certificado de dignidad,” había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre, pero la confirmación de la condena la excluye de cualquier cargo electivo.
El fallo de la Corte, que invocó el artículo 280 con fundamentos, destaca que los reclamos de la defensa se centraron en cuestiones de hecho y prueba. Como las relaciones comerciales entre Kirchner y Báez, el decreto 54/2009 y mensajes del celular de José López, que no justifican reabrir el caso. La decisión también desestimó el pedido del fiscal Villar de agravar la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita. Manteniendo la calificación original de administración fraudulenta.
Kirchner queda inhabilitada para cargos públicos
El impacto político de la sentencia es significativo. Cristina Fernández de Kirchner, principal opositora al gobierno de Javier Milei, queda inhabilitada de por vida para cargos públicos, lo que obliga al peronismo a replantear su estrategia para las elecciones legislativas nacionales de octubre. En el PJ, donde Kirchner asumió la presidencia en noviembre de 2024, se anticipa una reorganización interna, con posibles tensiones entre facciones ante la ausencia de su liderazgo electoral. El presidente Milei celebró la decisión en la red X con un mensaje breve: “Justicia. Fin.”
En el ámbito internacional, el caso ha generado repercusiones. En marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, impuso sanciones a Kirchner y a su exministro Julio de Vido, prohibiéndoles la entrada al país por su implicación en tramas de corrupción. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos “abusaron de sus cargos para beneficiarse económicamente de sobornos relacionados con contratos de obra pública,”. Esto afectó la confianza de los argentinos y los inversores. Estas sanciones también alcanzan a los familiares de Kirchner, incluyendo a su hijo Máximo y su hija Florencia.
La primera expresidenta en enfrentar prisión
Dada su edad, Kirchner puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario, ya sea en Buenos Aires o en Santa Cruz, donde tiene domicilio. El TOF 2 deberá determinar las condiciones de detención no solo para ella, sino también para los otros condenados. Este caso marca un hito en la historia judicial argentina, ya que Kirchner es la primera expresidenta en enfrentar prisión tras una condena firme. Esto, a diferencia de Carlos Menem, cuya sentencia por venta de armas no se ejecutó.
El proceso judicial, iniciado en 2016, ha sido objeto de controversia. La defensa de Kirchner denunció irregularidades y acusó a los jueces de parcialidad, alegando una persecución política. Sin embargo, la Corte afirmó que las sentencias previas se basaron en “profusa prueba producida.” Mientras tanto, el fallo reaviva el debate sobre la justicia y su relación con la política en Argentina. Esto, en un contexto de polarización y desafíos económicos, con una inflación proyectada superior al 90% para 2025 y tensiones por la deuda con el FMI.
