El Pleno del Consejo de la Judicatura, reunido el 24 de febrero de 2026, resolvió destituir a dos jueces anticorrupción durante la sesión ordinaria Nro. 020-2026, en Quito, tras determinar la existencia de infracciones disciplinarias relacionadas con un proceso penal vinculado al grupo Comandos de la Frontera.
La decisión alcanzó a C.L.Q.C., quien se desempeñaba como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, y a G.C.L.T., jueza del Tribunal de Garantías Penales. Ambos exadministradores de justicia afrontaban un sumario disciplinario por actuaciones vinculadas a un caso de delincuencia organizada.
Desde el organismo se informó que el análisis del expediente permitió establecer elementos suficientes que evidenciaron faltas graves en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Por ello, el Pleno aplicó la máxima sanción administrativa prevista en la normativa vigente.
Antecedentes del proceso disciplinario
Los vocales recordaron que el 16 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en contra de los jueces, luego de identificar indicios de un presunto plan para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas, vinculadas al grupo Comandos de la Frontera.
Según el reporte fiscal, estas diligencias permitieron incautar documentos, dinero en efectivo en altas cantidades, teléfonos celulares y computadoras, los cuales pasaron a cadena de custodia como parte de la investigación penal en curso. En palabras de la Fiscalía, los operativos se realizaron "luego de determinar que existían indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas".
Suspensión previa y nuevos elementos
El 14 de abril de 2025, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha solicitó al Pleno la suspensión inicial de los servidores judiciales. Esta medida fue aceptada el 11 de junio de 2025. Aunque los jueces fueron restituidos meses después, el proceso continuó. El 20 de enero de 2026, la Fiscalía incorporó nuevos elementos dentro del expediente disciplinario y penal.
Entre estos, se señaló que el juez Christian Quito habría simulado un contrato con su pareja para justificar USD 10.000, dinero que fue hallado oculto en su domicilio, según la investigación fiscal relacionada con la presunta trama para favorecer a familiares de un cabecilla del grupo delictivo.
Alcance institucional de la decisión
En el mismo contexto, se informó que la jueza Gabriela Lara integraba el Tribunal de Garantías Penales que conoce el caso Triple A, proceso que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, investigado por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos en el denominado caso Goleada.
El Consejo de la Judicatura destacó que esta resolución reafirma su compromiso de transparentar la gestión de la Función Judicial, así como de enfrentar prácticas relacionadas con corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo que intentan afectar al sistema judicial.
