El Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito sentenció este 7 de mayo de 2026 a José Luis D. a veintiséis años de prisión por el delito de femicidio. La víctima fue su expareja sentimental, María Fernanda L., hallada sin vida el 2 de mayo de 2025 en un inmueble del barrio San Marcos, en el centro de Quito.

La decisión judicial fue unánime. Fiscalía sostuvo que las pruebas científicas, testimoniales y documentales demostraron la responsabilidad del acusado en el crimen.

Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó que la víctima murió por asfixia mediante estrangulamiento. La perita que realizó la autopsia médico-legal confirmó esa causa de muerte ante el Tribunal.

ADN y chats fueron claves en el femicidio

La investigación reveló que debajo de las uñas de María Fernanda L. se encontró material genético del acusado. La pericia de ADN corroboró técnicamente la coincidencia del perfil genético.

Además, Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp entre la víctima y el sentenciado. Los mensajes evidenciaron episodios constantes de violencia psicológica y control dentro de la relación.

Según la acusación, esos chats reflejaban un entorno conflictivo y agresivo. La información permitió reconstruir el contexto previo al femicidio y demostrar antecedentes de maltrato.

También se incorporaron conversaciones entre María Fernanda L. y su hija. En esos mensajes, la mujer describía agresiones y conflictos sentimentales que enfrentaba con el ahora condenado.

Dos amigas cercanas de la víctima comparecieron durante el juicio. Ambas afirmaron haber presenciado conductas violentas y manipuladoras por parte del procesado.

Testimonios reforzaron el caso de femicidio

La Fiscalía también convocó a una expareja sentimental del acusado. La mujer relató haber sufrido agresiones físicas y psicológicas similares durante su relación con José Luis D.

Ese testimonio fortaleció la teoría fiscal sobre patrones reiterados de violencia de género. El Tribunal valoró estas declaraciones junto con las pericias científicas y los informes investigativos.

Tras analizar el conjunto de pruebas, los jueces emitieron la pena máxima contemplada para el delito de femicidio en Ecuador. Además, dispusieron una reparación integral de 50.000 dólares para la familia de la víctima.

El sentenciado también deberá pagar una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados. La resolución judicial fue emitida conforme al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal.

Violencia de género sigue generando alarma

El caso de María Fernanda L. volvió a evidenciar la gravedad de la violencia contra las mujeres en Ecuador. Organizaciones sociales y colectivos feministas han insistido en reforzar mecanismos de prevención y protección.

En los últimos años, los delitos de violencia de género han generado preocupación pública. Las autoridades judiciales y policiales mantienen campañas orientadas a incentivar las denuncias tempranas.

Especialistas sostienen que los antecedentes de agresión suelen representar señales de riesgo en relaciones marcadas por violencia sistemática. Por ello, las instituciones promueven rutas de atención y acompañamiento para víctimas.

La sentencia emitida en Quito marca el cierre judicial de uno de los casos de femicidio que más impacto generó en la capital durante 2025. Sin embargo, colectivos ciudadanos reiteran que aún persisten desafíos en materia de prevención y protección integral.