El Estado ecuatoriano tiene plazo hasta el 27 de abril de 2026 para pronunciarse ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la desaparición del pesquero Fiorella, ocurrida el 20 de enero de 2026 en alta mar frente a la costa de Manabí, caso que involucra a ocho pescadores de Jaramijó y ha generado pedidos de cooperación internacional para esclarecer los hechos y determinar su paradero.
Desarrollo
La desaparición del pesquero Fiorella, reportada el 20 de enero, continúa sin resolverse tras casi tres meses sin información concluyente sobre el paradero de sus tripulantes. La embarcación, que operaba desde la zona de Manta, perdió contacto con sus armadores y familiares en horas de la tarde, luego de una última comunicación registrada aproximadamente a las 8h30 de la mañana de la emncionada fecha, según testimonios familiares.
Ante esta situación, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) activó una acción urgente ante el organismo de Naciones Unidas, que emitió recomendaciones el 13 de abril de 2026. Entre estas, se solicita al Estado ecuatoriano adoptar medidas inmediatas para la localización de los desaparecidos y el inicio de investigaciones sobre posibles responsables.
De acuerdo con Fernando Bastias, abogado del CDH, la recomendación principal del organismo internacional plantea la necesidad de establecer un mecanismo de cooperación entre Ecuador, Estados Unidos y El Salvador, con el fin de intercambiar información oficial que permita esclarecer los hechos. El objetivo central es garantizar acceso a información verificada para las familias, quienes han denunciado falta de respuestas institucionales.
Falta de información y acciones de búsqueda
Según Juan Alvia, representante legal de la embarcación Fiorella, hasta el momento no se han ejecutado diligencias completas en zonas clave donde se presume pudo haber ocurrido la desaparición. Mencionó la existencia de coordenadas GPS exactas de la última señal del barco, sin que se hayan realizado operativos de rastreo documentados en ese punto.
Además manifestó que se ha reportado la existencia de un video en el que se observarían restos de una lancha vinculada a la embarcación, sin que consten acciones oficiales de búsqueda en el área donde se habrían detectado dichos indicios.
Juan Alvia indicó que desde el inicio se presentaron denuncias ante la Capitanía del Puerto de Manta y otras autoridades. Sin embargo, señaló que la información proporcionada ha sido limitada y que no se han detallado los procedimientos, fechas ni recursos utilizados en las labores de búsqueda.
Testimonios y reconstrucción de los hechos
De acuerdo con la información proporcionada por los familiares, el pesquero Fiorella salió a faena con 10 tripulantes y cuatro lanchas auxiliares. Dos de ellos lograron regresar a tierra en otra embarcación tras no reencontrarse con el barco principal en el punto acordado.
Los sobrevivientes habrían reportado la presencia de drones y aeronaves en los días previos a la desaparición, así como la observación de humo en el horizonte el día del incidente. Estos elementos forman parte de los testimonios recogidos en las denuncias presentadas ante autoridades marítimas y la Fiscalía.
Jhonny Valencia, padre de Juan Carlos Valencia, capitán de la embarcación Fiorella confirmó que la última comunicación vía teléfono satelital con su hijo ocurrió el mismo 20 de enero, horas antes de la desaparición. Indicó además que la nave se encontraba aproximadamente a 240 millas de la costa de Manabí, dentro de lo que identifican como zona de operación habitual.
Observaciones de organismos internacionales
Fernando Bastias, señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha señalado que las acciones del Estado deben centrarse en dos ejes principales: la localización inmediata de las personas desaparecidas y la investigación de los hechos para determinar responsabilidades.
Añadió que el organismo internacional recomendó establecer medidas de prevención para evitar que situaciones similares se repitan, en particular en zonas marítimas donde operan embarcaciones pesqueras ecuatorianas.
Sostuvo que la CDH ha advertido que existen indicios de otros casos similares en proceso de documentación, lo que podría configurar un patrón que requeriría atención estructural por parte del Estado.
Contexto y otros casos reportados
El caso del Fiorella se suma a reportes previos sobre incidentes en alta mar que involucran embarcaciones pesqueras ecuatorianas. Entre ellos, se han mencionado situaciones que afectaron a otras naves, aunque estas aún se encuentran en proceso de verificación y documentación.
Reiteró Bastias que las autoridades ecuatorianas, a través de la Cancillería, deberán emitir su respuesta oficial dentro del plazo establecido por el organismo internacional. Este pronunciamiento será canalizado mediante la representación diplomática en Ginebra, donde se dará seguimiento al caso.
Según Juan Alavia, desde la Fiscalía en Manta se han señalado limitaciones operativas para realizar búsquedas en el mar, indicando que este tipo de acciones corresponde principalmente a entidades marítimas especializadas.
Seguimiento del caso
El proceso internacional continuará tras la respuesta del Estado ecuatoriano, con posibles evaluaciones adicionales por parte del Comité de Naciones Unidas. Las familias de los pescadores han reiterado su solicitud de acceso a información oficial y acciones concretas de búsqueda.
El caso se mantiene como una investigación abierta, en la que se espera la recopilación de nuevos elementos que permitan determinar las circunstancias de la desaparición y el paradero de los tripulantes.
