Este 3 de febrero, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, bajo la presidencia del asambleísta de ADN Johnny Lavayen, recibió las pruebas relacionadas con la denuncia interpuesta por la legisladora de ADN Ana Belén Tapia contra el asambleísta de la Revolución Ciudadana Juan Andrés González, por presunto cobro de diezmos.
La sesión tuvo lugar en la sede legislativa de Quito, donde ambas partes expusieron evidencias de cargo y descargo para aclarar si existieron exigencias ilegales de pagos a un excolaborador, en violación a las normas éticas parlamentarias.
Esta investigación surge en medio de crecientes demandas por transparencia en la Asamblea Nacional, donde acusaciones de este tipo buscan prevenir abusos en el uso de recursos públicos, regulados por la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) en Ecuador.
Testimonio del exasesor y detalles de la acusación
Ana Belén Tapia fundamentó su denuncia en el testimonio de Hernán Robles, quien trabajó como colaborador en el despacho de Juan Andrés González. Según Robles, se le requirieron pagos bajo diversos conceptos que configuran un presunto diezmo, práctica prohibida que implica cobros no autorizados a subordinados.
Los rubros detallados en la denuncia incluyen pasajes terrestres para viajes a Loja, tanto para González como para sus familiares, servicios de mantenimiento vehicular como cambio de aceite, y adquisiciones de medicamentos. Estos desembolsos, según el exasesor, se realizaron de forma obligatoria, lo que podría constituir una infracción ética al artículo 163 de la LOFL.
Argumentos de defensa y marco legal
Juan Andrés González rechazó las imputaciones durante la audiencia, afirmando que las pruebas aportadas por Tapia no sustentan los alegatos. El legislador correísta sostuvo que los gastos mencionados no equivalen a diezmos, ya que fueron reembolsados en tiempo oportuno y no representan ingresos indebidos de fondos estatales.
"Ninguno de esos pagos se enmarca en la prohibición prevista en el numeral 4) del art. 163 de la LOFL".
Juan Andrés González
El asambleísta citó la disposición que impide a los legisladores percibir remuneraciones adicionales a las establecidas por su cargo. Esta ley, aprobada en 2009 y reformada posteriormente, establece parámetros claros para la conducta de funcionarios públicos en Ecuador.
Juan Andrés González, representante de Loja, ha anunciado que elevará el asunto a la Fiscalía General del Estado para una revisión penal, argumentando que las acusaciones carecen de base.
