En el marco del segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional recibió aportes técnicos de entidades estatales. Las observaciones buscan fortalecer la protección de derechos, la seguridad jurídica y los mecanismos de control en la normativa.

Durante la sesión, delegados del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación presentaron recomendaciones orientadas a mejorar el contenido del proyecto de ley. El objetivo es garantizar un enfoque integral que contemple aspectos sociales, legales y administrativos.

Propuestas para proteger a grupos vulnerables

En representación del Ministerio de Desarrollo Humano, Pamela Arias Domínguez, directora de Provisión y Aseguramiento del Servicio de Protección Especial, destacó la necesidad de abordar el tema con responsabilidad institucional y sensibilidad.

Entre los aportes, se planteó reforzar la protección de grupos vulnerables, especialmente niñas, niños y adolescentes, mediante su exclusión en la aplicación de procedimientos eutanásicos. Esta propuesta se sustenta en el principio del interés superior del niño.

Además, se sugirió establecer coordinación obligatoria con los sistemas de protección de derechos y activar rutas de protección frente a posibles situaciones de vulnerabilidad.

Evaluaciones y controles dentro del proceso

El ministerio también propuso incorporar evaluaciones sociales obligatorias para garantizar que la decisión de acceder a la eutanasia sea libre de presiones externas. Estas evaluaciones permitirían detectar posibles casos de abandono, violencia o negligencia.

Asimismo, se recomendó fortalecer los mecanismos de control mediante protocolos que incluyan el análisis del entorno familiar y la identificación de riesgos. Estas medidas buscan asegurar que el proceso se realice bajo condiciones adecuadas.

Entre otros ajustes, se planteó incluir informes sociales, psicológicos y psiquiátricos diferenciados, así como revisar posibles barreras de acceso, como la exigencia de trámites notariales para documentos de voluntad anticipada, que podrían afectar a personas en situación de pobreza.

Observaciones sobre registro y estadísticas

Por su parte, Andrea Altamirano, delegada de la Dirección General de Registro Civil, presentó propuestas orientadas a mejorar la gestión de la información. Entre ellas, sugirió sustituir el término "certificado de defunción" por "informe estadístico de defunción general".

También planteó que la eutanasia sea registrada como causa de muerte, con el fin de garantizar datos confiables, evitar subregistros y contribuir a la formulación de políticas públicas.

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Proceso legislativo abierto

El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, reiteró que el organismo mantiene una política de puertas abiertas. En este sentido, invitó a instituciones y ciudadanía a remitir observaciones para enriquecer el debate legislativo.

El tratamiento del proyecto continúa en la Asamblea Nacional, en medio de un proceso que incorpora criterios técnicos y jurídicos para definir el alcance de la normativa.