La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este martes 17 de febrero de 2026, en sesión virtual, el informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD, propuesta por el presidente Daniel Noboa, con 6 votos a favor, 2 en contra y una abstención, en Quito, con el objetivo de regular el uso de recursos públicos locales.

La votación reflejó la división política que ha acompañado el trámite de la norma desde su inicio. Los votos favorables provinieron de la bancada oficialista ADN y aliados. La oposición, encabezada por Revolución Ciudadana, mantuvo su rechazo. Con esta resolución, el informe será remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien deberá convocar al Pleno para el debate definitivo. En esa sesión se definirá la aprobación o el archivo del proyecto.

El Pleno tiene previsto tratar el informe el 20 de febrero de 2026, a las 11:00, en una sesión que se desarrollará en Guayaquil, en la Universidad Ecotec. Allí se concentrará el cierre del trámite legislativo.

Eficiencia del gasto y autonomía local

Durante la sesión del martes, los legisladores expusieron sus posiciones finales. Desde el oficialismo se insistió en la necesidad de ordenar el uso de recursos públicos. Los asambleístas citaron observaciones de la Contraloría General del Estado y del Ministerio de Economía.

"No podemos permitir que se sigan desviando recursos en fiestas mientras hay obras pendientes. La regla fiscal es necesaria para ordenar la casa", señalaron legisladores del bloque de Gobierno durante el debate. La oposición sostuvo que la iniciativa vulnera la autonomía de los gobiernos locales. Sus representantes calificaron la propuesta como un "golpe a la descentralización" y alertaron que exigir mayores niveles de inversión resulta inviable sin el pago de obligaciones estatales pendientes con los GAD.

Cambios incorporados al proyecto

El texto aprobado para segundo debate incluye ajustes frente a la versión inicial enviada por el Ejecutivo. Las modificaciones surgieron tras comparecencias realizadas el lunes 16 de febrero ante la comisión.

Uno de los cambios principales se relaciona con la regla presupuestaria 70/30, que obliga a destinar el 70 % del presupuesto a inversión y el 30 % a gasto corriente. El informe fija un cronograma progresivo hasta 2028, mientras la propuesta original extendía el plazo hasta 2029. Otro ajuste excluye a las Juntas Parroquiales del alcance de la norma. En el primer texto del Ejecutivo, estos gobiernos estaban incluidos, pero la comisión decidió retirarlos del proyecto.

Fiscalización y datos de control

Las cifras de la Contraloría influyeron en la decisión de la mayoría. Según la información presentada, El Oro registró 26 indicios de responsabilidad penal derivados de 18 informes auditados. Pichincha y Guayas reportaron 17 y 8 indicios, respectivamente. Con las nuevas disposiciones, el Ministerio de Economía realizará controles trimestrales sobre el uso de fondos, con el fin de fortalecer la fiscalización y mejorar el destino del presupuesto público en municipios y prefecturas.