La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes, insignias y credenciales de instituciones de seguridad pública. La decisión se tomó la tarde de este jueves 4 de junio de 2026.
La iniciativa plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y ahora deberá pasar al Pleno del Legislativo, donde será debatida y votada. El objetivo del proyecto es endurecer las sanciones contra personas que usen prendas, distintivos o documentos oficiales para hacerse pasar por policías, militares, agentes de tránsito u otros funcionarios de seguridad.
Reforma al COIP
El proyecto busca responder a una modalidad delictiva identificada en varios hechos de inseguridad: el uso de uniformes falsificados o no autorizados para ejecutar falsos operativos. Según la propuesta, esta práctica ha sido utilizada para cometer delitos como robos, extorsiones, secuestros, privaciones de libertad y afectaciones patrimoniales.
Actualmente, el mal uso de uniformes oficiales está tipificado como una contravención, sancionada con privación de libertad de 15 a 30 días. Con la reforma, esa sanción se elevaría a un rango de 30 a 90 días, de aprobarse el texto en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Simulación de autoridad
Uno de los cambios principales es la incorporación del delito de simulación de autoridad operativa. Esta figura sancionaría a quienes usen uniformes, insignias, credenciales o elementos de identificación para aparentar pertenecer a instituciones de seguridad pública y realizar intervenciones falsas.
La propuesta establece penas de uno a tres años de prisión para estos casos. Además, contempla agravantes cuando la simulación derive en otros delitos, como privación de libertad, robo o perjuicios económicos contra las víctimas.
Uniformes y distintivos oficiales
El proyecto también plantea sanciones para la fabricación, importación, distribución y comercialización no autorizada de uniformes, insignias, credenciales y otros distintivos oficiales. Esta disposición busca limitar el acceso irregular a prendas o elementos que puedan ser usados para engañar a la ciudadanía.
Para estas conductas, la reforma propone penas de uno a tres años de cárcel. Sin embargo, el texto contempla excepciones para proveedores acreditados y para usos educativos, culturales o artísticos, siempre que cuenten con la autorización correspondiente.
Debate en comisión
Durante la votación del informe, los legisladores de la Revolución Ciudadana se abstuvieron, mientras que el resto de integrantes de la Comisión de Seguridad respaldó el documento. Con esa aprobación, la propuesta quedó lista para ser remitida al Pleno de la Asamblea.
El informe aprobado recoge el criterio de que los falsos operativos afectan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del orden público. También sostiene que el uso indebido de uniformes oficiales puede facilitar la comisión de delitos al generar confusión en las víctimas.
Próximo paso legislativo
El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá la última palabra sobre la reforma. Allí los legisladores deberán analizar el informe aprobado por la comisión y decidir si incorporan los cambios al COIP.
Hasta el momento está pendiente la definición de fecha y hora para el tratamiento del proyecto en segundo debate. En caso de ser aprobado, el país contaría con nuevas sanciones para castigar el uso delictivo de uniformes, insignias y credenciales de instituciones de seguridad.
La propuesta se enmarca en las discusiones legislativas sobre seguridad, crimen organizado y herramientas legales para enfrentar nuevas modalidades delictivas en Ecuador.
