Los promotores del proceso de revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto anunciaron una nueva agenda de movilizaciones en distintas provincias del país mientras esperan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelva sobre la solicitud presentada.
El grupo sostiene que el organismo debe pronunciarse antes del 15 de julio de 2026, plazo que considera establecido en el reglamento que regula este mecanismo de participación ciudadana.
Las actividades incluirán vigilias los días 8, 11 y 15 de julio frente a las delegaciones provinciales del CNE. Además, los organizadores indicaron que buscan incrementar la asistencia a estas concentraciones con el objetivo de respaldar públicamente el pedido de revocatoria y exigir una respuesta de la autoridad electoral.
Continúan las acciones del colectivo
El anuncio fue realizado después de la denominada "Marcha de las Antorchas", desarrollada el 4 de julio en Quito, donde los participantes se concentraron frente a la sede del Consejo Nacional Electoral.
Tras esa jornada, el colectivo resolvió mantener las manifestaciones en varias ciudades del país bajo el lema "La revocatoria va, porque va".
Entre los impulsores del proceso se encuentran el abogado Washington Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza. Ambos sostienen que el artículo 16 del Reglamento para los procesos de revocatoria establece un término de 15 días para que el Pleno del CNE resuelva sobre la admisión de la solicitud.
En ese contexto, Andrade escribió en su cuenta de X que el organismo "tiene hasta el 15 de julio para entregar los formularios para la revocatoria".
Proceso sigue en análisis
La solicitud para iniciar el trámite fue presentada ante el CNE el pasado 9 de junio. A partir de ese procedimiento, el organismo debe analizar si cumple los requisitos legales antes de autorizar la entrega de los formularios necesarios para la recolección de firmas, etapa indispensable para continuar con el proceso de revocatoria del mandato.
Por su parte, el Gobierno ha manifestado que el pedido carece de sustento jurídico y solicitó al Consejo Nacional Electoral que sea declarado improcedente.
Mientras tanto, los promotores de la iniciativa advirtieron que, si no reciben un pronunciamiento dentro del plazo que consideran aplicable, presentarán nuevas acciones legales y judiciales para defender lo que califican como su derecho a impulsar este mecanismo de participación democrática.
