El Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado que conoce el caso Triple A suspendió la audiencia de juicio este 21 de marzo de 2026 y dispuso que los abogados de los procesados se trasladen a la Cárcel del Encuentro para continuar con la diligencia, en medio de reclamos por presuntas dificultades para ejercer el derecho a la defensa.

Reclamos de la defensa marcan la audiencia

La decisión se produjo luego de que los abogados Ramiro García y Fernando Chávez expusieran ante el tribunal los obstáculos que, aseguran, han enfrentado para comunicarse con sus clientes, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y César B.

Según señalaron, durante visitas recientes al centro penitenciario no se les permitió mantener contacto adecuado con los procesados, ni ingresar materiales básicos como expedientes, papel o incluso lápiz, lo que —afirman— limita el ejercicio de la defensa técnica.

Resolución del Tribunal y medidas adoptadas

Tras aproximadamente dos horas de deliberación, el tribunal, presidido por el juez Jorge Sánchez, resolvió suspender temporalmente la audiencia y emitir disposiciones orientadas a garantizar el derecho constitucional a la defensa.

Entre las medidas, se ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad facilitar, desde el 22 de marzo, el ingreso de los abogados al centro penitenciario, así como el uso de una sala de audiencias telemáticas dentro de la cárcel.

Además, se dispuso que los defensores puedan ingresar con expedientes físicos, equipos informáticos, apuntes y otros insumos necesarios para el desarrollo del juicio, asegurando una comunicación privada e ininterrumpida con los procesados, bajo las normas de seguridad penitenciaria.

Audiencia se retomará en la cárcel

La diligencia fue suspendida para permitir la coordinación logística con las autoridades penitenciarias y se reinstalará el domingo 22 de marzo a las 08h30.

El tribunal también fijó nuevas fechas para la continuación del juicio en mayo y junio de 2026, lo que evidencia la complejidad del proceso debido al volumen de información y número de involucrados.

Críticas de la defensa

Tras conocerse la resolución, el abogado Ramiro García cuestionó la decisión del tribunal, al considerar que no garantiza plenamente el derecho a la defensa.

A su criterio, la medida debió contemplar el traslado de los procesados hacia un espacio donde pudieran acceder con mayor facilidad a sus abogados y al expediente, en lugar de exigir que los defensores acudan a la cárcel.

"No estamos de acuerdo, lo lógico habría sido trasladar a los procesados, no encarcelar a los abogados", expresó, al tiempo que confirmó que acatarán la disposición judicial.

Posible escalamiento internacional

García también indicó que ya se ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que recurrirán para exponer lo que consideran una vulneración al derecho a la defensa.

El caso Triple A, en el que se investigan presuntas irregularidades en la comercialización de hidrocarburos, involucra a 16 personas naturales y seis jurídicas, convirtiéndose en uno de los procesos más complejos en materia de corrupción y crimen organizado en el país.