El caso Las Malvinas entra en una nueva etapa judicial tras la notificación escrita del fallo que reconoce responsabilidad estatal y condena a 16 militares por desaparición forzada. El tribunal impuso penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión, además de reparación integral y disculpas públicas.
El proceso registra una sentencia que establece responsabilidad estatal por la desaparición de cuatro niños en diciembre de 2024 en Guayaquil. El Tribunal de Garantías Penales notificó por escrito la resolución que fija condenas y obligaciones económicas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos anunció que mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de cada medida dispuesta en el fallo. Además, dos defensas técnicas presentaron apelaciones dentro del proceso.
Condenas en el caso Las Malvinas
En el caso Las Malvinas, once militares recibieron 34 años y ocho meses de prisión por desaparición forzada. Otros cinco procesados cumplirán 30 meses de cárcel tras colaborar con información durante la investigación.
La sentencia ordena que los 16 condenados paguen 800 salarios básicos unificados cada uno como multa. También deberán entregar 10.000 dólares individuales como reparación económica a las familias.
"Dios nos ha dado la razón y se ha reconocido la inocencia de nuestros niños, así como que fueron sometidos a torturas de forma aberrante", manifestó un representante de los menores asesinados.
Reconocimiento de responsabilidad estatal
El tribunal determinó que Steven, Josué, Ismael y Nehemías resultaron aprehendidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar en el sur de Guayaquil. Además, estableció que los niños salieron de la jurisdicción y que los uniformados actuaron contra la ley.
Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, informó que el fallo reconoce responsabilidad estatal en el caso Las Malvinas. "Se probó que los cuatro niños fueron aprehendidos el 8 de diciembre de 2024. También el tribunal estableció como hecho probado que los niños fueron desviados de la jurisdicción y el comportamiento de los uniformados fue en contra de la ley", agregó.
Según la resolución, los menores enfrentaron violencia física y psicológica durante su retención. El tribunal dispuso medidas orientadas a restituir derechos y memoria.
Reparación integral y disculpas públicas
La sentencia ordena disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Esta medida forma parte del esquema de reparación integral dispuesto en el caso Las Malvinas.
Bastias señaló que solicitarán que el acto se realice de forma presencial. "El ministro tiene que sentarse frente a las familias, disculparse y rectificar la posición", agregó.
Billy Navarrete indicó que el fallo marca un precedente para otros procesos en investigación. "La Fiscalía tiene un registro de 44 casos de personas detenidas y desaparecidas. Nosotros hemos acompañado incluso patrocinando a 36 de esos 44", puntualizó.
Recurso de ampliación y próximos pasos
El Comité presentará un recurso de ampliación para precisar el alcance de las medidas de reparación integral dentro del caso Las Malvinas. La acción busca definir plazos, modalidad y responsabilidades institucionales.
"Buscamos hacer un llamado al Gobierno, que tiene la oportunidad de, independientemente de que se ejecute dicha sentencia, llevar a cabo una reparación integral adecuada en función de las disculpas públicas. No se tiene que esperar a que haya una sentencia ejecutoriada para reconocer algo que desde el primer día lo sabíamos y se negaba a mencionarlo y es que los niños son inocentes y son víctimas de desaparición forzada", indicó la CDH.
El recurso se presentará hasta el viernes 27 de febrero. La defensa también analiza acudir a instancias internacionales según el avance en la ejecución de las medidas.
Investigación paralela en Fiscalía
El abogado Abraham Aguirre informó que existe una investigación previa en Fiscalía por secuestro con resultado de muerte. En ese expediente no constan diligencias recientes orientadas al esclarecimiento de los hechos.
"Esta sentencia era un hito. El reconocer la existencia de un delito donde las víctimas eran sujetos protegidos por el Estado acarrea la obligación de todo servidor público de garantizar esos derechos", citó.
