El fiscal Alarcón presentó una denuncia contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en Quito, el abril de 2026, tras la revocatoria de la prisión preventiva en el caso Goleada, al considerar que el fallo podría constituir un error inexcusable.

La acción fue presentada por la Fiscalía General del Estado una semana después de que el tribunal aceptara un recurso de apelación y dejara sin efecto la medida cautelar contra los procesados por presunta delincuencia organizada.

El organismo sostiene que la resolución judicial se apartaría de los parámetros legales y solicita que se evalúen posibles sanciones disciplinarias contra los magistrados. En el escrito, el fiscal señala que la actuación habría sido contraria al deber de diligencia establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Argumentos de la denuncia

Según el documento, la decisión judicial podría configurar un error inexcusable, una figura contemplada en la normativa ecuatoriana para evaluar responsabilidades disciplinarias dentro del sistema judicial. El fiscal Alarcón argumenta que la resolución se alejaría de criterios razonables en la aplicación de la ley y solicita la revisión de la actuación de los jueces.

Además, la denuncia busca determinar si existieron irregularidades en la interpretación de la normativa procesal durante la audiencia de apelación. La resolución cuestionada fue emitida por los jueces Silvana Velasco, Wiler Choez y Byron Uzcátegui, integrantes de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

El fallo permitió revocar la orden de prisión preventiva contra los procesados del caso Goleada, quienes enfrentan cargos por presunta delincuencia organizada. Tras la decisión, los magistrados también fueron denunciados por un excandidato a Defensor Público, lo que intensificó la controversia en el ámbito judicial.

Reacciones del sistema judicial

La Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador, núcleo Pichincha, expresó su respaldo al tribunal mediante un comunicado oficial. En el pronunciamiento, la organización afirmó que "la justicia se resuelve en audiencia, no en medios", en defensa de la independencia judicial.

El gremio destacó la importancia de respetar el debido proceso y la autonomía de los jueces en la toma de decisiones jurisdiccionales. La resolución judicial permitió recobrar la libertad a dos hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, así como a directivos vinculados a Barcelona Sporting Club.

No obstante, el burgomaestre continúa recluido en la cárcel La Roca, también conocida como La Cárcel del Encuentro, por otros procesos judiciales. Entre ellos consta el relacionado con presunto tráfico de combustibles dentro del denominado caso Triple A, que sigue en etapa de investigación.