La Cámara de Minería solicitó la suspensión temporal de la Tasa de Supervisión y Control que el Gobierno de Ecuador implementó para todas las concesiones mineras del país. La petición se realizó la mañana del 14 de junio de 2025, en un comunicado oficial.

La entidad explicó que esta suspensión permitiría mostrar una señal positiva de voluntad política y ofrecer un marco de mayor certeza jurídica y económica para el sector minero durante el proceso de diálogo.

Asimismo, reafirmó su disposición a colaborar de manera propositiva y técnica con el Gobierno nacional. Su objetivo es buscar mecanismos de fiscalización que resulten eficientes, proporcionales y sostenibles para la actividad minera.

Además, la Cámara sostuvo reuniones con el Viceministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control. En ellas expusieron que la tasa resulta inviable para un desarrollo responsable y sostenible, especialmente en la etapa de exploración minera.

Diálogo para analizar la Tasa de Supervisión y Control

Como resultado de las reuniones, se acordó conformar mesas técnicas que iniciarán la próxima semana. Estas mesas tendrán una duración estimada de un mes y contarán con la participación de diferentes estamentos del Gobierno y gremios mineros. El espacio servirá para exponer preocupaciones, compartir propuestas y avanzar hacia un análisis conjunto de la medida.

La Tasa de Supervisión y Control entró en vigor a inicios de junio y se aplica a concesionarios mineros de todos los segmentos. Esta tasa busca fortalecer la fiscalización técnica, legal y ambiental de las actividades mineras y combatir la extracción ilegal de minerales.

Impacto y objetivos de la tasa

El Gobierno espera recaudar entre $200 y $220 millones con esta tasa, que se calcula con base en un porcentaje del salario básico por cada hectárea de concesión. Es así que los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a mejorar los procesos de control y vigilancia de las concesiones mineras.

Por otro lado, la medida cuenta con respaldo legal, amparada en la Constitución, la Ley de Minería y otros decretos y acuerdos ministeriales. La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) será la encargada de administrar estos recursos para fortalecer la supervisión técnica y ambiental, y ejercer una vigilancia efectiva sobre más de 1.6 millones de hectáreas concesionadas.