Desde hoy, 01 de agosto de 2025, Ecuador aplica nuevas disposiciones para anular facturas electrónicas. La Resolución 17 emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) establece que solo se podrán anular documentos electrónicos en caso de errores en su emisión o si la transacción que los generó no se concretó. Estas medidas apuntan a transparentar y mejorar el control tributario en el país.
Los contribuyentes podrán realizar la anulación por internet, utilizando el portal oficial del SRI o el facturador electrónico. También es posible tramitar la anulación mediante una nota de crédito, siempre que se realice antes del día 10 del mes siguiente. Para las notas de crédito, el límite máximo es de 12 meses desde la emisión del comprobante.
Requisitos estrictos para anular facturas electrónicas
Otra novedad importante de esta regulación es la obligación de emitir y enviar facturas electrónicas en tiempo real, es decir, justo al momento de realizar la transacción comercial. Este cambio obliga a las empresas a actualizar y mejorar sus sistemas de facturación electrónica para cumplir con los nuevos procedimientos.
Un punto clave de la nueva normativa indica que las facturas emitidas a nombre del «consumidor final» no podrán anularse ni modificarse mediante notas de crédito una vez registradas en el SRI. Además, las facturas sin nombre tampoco se podrán corregir ni modificar.
Restricciones en la anulación y sanciones por incumplimiento
Además, no se admitirán anulaciones de comprobantes electrónicos que ya hayan sido utilizados para solicitar devoluciones de impuestos. La Resolución 17 también limita la anulación de tres tipos de documentos: notas de crédito, notas de débito y comprobantes de retención, solo si el receptor da su consentimiento.
Por ejemplo, si una empresa envía una nota de crédito a un proveedor pero detecta un error, debe solicitar la anulación y el receptor tendrá cinco días hábiles para responder. Si no acepta, la anulación no procede y el comprobante conserva su validez tributaria. El SRI advirtió que la falta de cumplimiento con esta normativa puede generar sanciones que alcanzan hasta $14.100 dependiendo de la gravedad de la infracción.
