La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió este martes 5 de agosto, por unanimidad, remitir 6.000 fojas de pruebas presentadas por los procesados Daniel Salcedo y Javier Jordán a la Fiscalía General del Estado y a la Embajada de Estados Unidos. La medida, propuesta durante una sesión en Quito, busca facilitar investigaciones sobre presuntas irregularidades en el sistema de salud pública, en el marco de un proceso de fiscalización liderado por la comisión.
Una moción que aprobada
La legisladora oficialista Nataly Morillo presentó la moción al inicio de la sesión. Se solicitó que la documentación sea enviada a la Fiscalía para que proceda con los trámites legales correspondientes dentro de sus competencias. Además, pidió incluir a la Embajada de Estados Unidos, considerando la relevancia internacional de las investigaciones relacionadas con Salcedo. Este enfrenta múltiples procesos por delitos como peculado, lavado de activos y asociación ilícita. La moción fue aprobada sin objeciones por los miembros de la comisión.
La asambleísta Ana Herrera complementó la propuesta, solicitando que la Contraloría General del Estado también reciba la información. Las 6.000 fojas, que incluyen documentos y evidencias presentadas por el abogado de Salcedo y Jordán, serán fotocopiadas y escaneadas para su envío a las tres entidades. El objetivo es que la Fiscalía, la Contraloría y la Embajada de Estados Unidos realicen las investigaciones pertinentes, según sus atribuciones. Esto, para esclarecer posibles irregularidades en el sistema de salud pública.
Los casos de Daniel Salcedo y Javier Jordán
Daniel Salcedo, una figura central en el caso, está procesado por su presunta participación en una red de corrupción que involucra la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Javier Jordán, otro implicado, enfrenta cargos relacionados con el mismo caso. La fiscalización de la Asamblea se centra en evaluar la gestión del sistema de salud pública, particularmente en contratos y adquisiciones que habrían beneficiado a redes delictivas. Las pruebas presentadas por los procesados buscan aportar información al proceso, aunque no se han revelado detalles específicos sobre su contenido.
La decisión de la Comisión de Fiscalización refleja el interés de la Asamblea por fortalecer la transparencia y el control en el sector salud, un área marcada por escándalos de corrupción en los últimos años. La inclusión de la Embajada de Estados Unidos responde a la posible vinculación de los procesados con redes internacionales. Lo que podría derivar en cooperación bilateral para las investigaciones. La Contraloría, por su parte, examinará la documentación para determinar si existen responsabilidades administrativas o financieras.
El proceso de digitalización y envío de las 6.000 fojas representa un esfuerzo logístico significativo para la Asamblea. Una vez entregada la información, la Fiscalía y la Contraloría deberán determinar los pasos a seguir. Mientras que la Embajada de Estados Unidos podría canalizar la información a las autoridades correspondientes en caso de implicaciones transnacionales. La Comisión de Fiscalización no precisó un cronograma para el envío, pero se espera que se complete en los próximos días.
