El bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional del Ecuador denunció el 14 de abril de 2026, en Quito, presuntas irregularidades en certificados presentados por Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección. Según el legislador Luis Fernando Molina, la fiscalización busca garantizar la transparencia en la designación del nuevo fiscal general.

El correísmo en la Asamblea anunció hallazgos en su proceso de fiscalización sobre el concurso para la designación del nuevo fiscal general. Esta vez, la bancada de la Revolución Ciudadana apunta a la presidenta de la comisión encargada de la selección.

El asambleísta Luis Fernando Molina señaló que su bancada llevó adelante un proceso de control político. En ese contexto, aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en certificados de capacitación presentados por Jacho. "Se nos había informado que los certificados que había presentado no tenían la validez ni la regularidad del caso", afirmó Molina durante sus declaraciones públicas.

Cuestionamientos a certificados de capacitación

A partir de esta información, el legislador indicó que solicitó datos al Ministerio del Trabajo sobre el Centro de Capacitación Aina Group. La petición buscaba verificar la autenticidad de la certificación presentada. "Le solicitamos al Ministerio del Trabajo que certifique la existencia de este centro", señaló Molina. Según explicó, la respuesta oficial indicó que la entidad no está registrada en esa cartera de Estado.

El legislador añadió que el acuerdo ministerial citado en la documentación no corresponde a la institución mencionada. Además, afirmó que las certificaciones se emiten mediante resoluciones y no a través de acuerdos ministeriales.

Molina calificó el caso como un hecho grave dentro del proceso de designación del fiscal general. "La presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente en el concurso de fiscal tiene documentos que no corresponden a la realidad", manifestó.

El asambleísta aseguró que la información obtenida fue remitida a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según Molina, la Fiscalía debe abrir una investigación sobre los documentos presentados. Esta acción podría derivar en responsabilidades legales, de acuerdo con el legislador.

Posibles implicaciones institucionales

El asambleísta sostuvo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es responsable de verificar los requisitos dentro del concurso. Este organismo dirige el proceso para designar al titular de la Fiscalía General del Estado. "Si no verificaron, tienen un presunto delito de omisión", concluyó Molina al referirse al rol del CPCCS en la verificación de la documentación.

Asimismo, el legislador indicó que Cynthia Jacho debería renunciar a la presidencia de la Comisión Ciudadana de Selección. La solicitud se fundamenta en los hallazgos presentados durante la fiscalización legislativa. El proceso de designación del nuevo fiscal general constituye un eje clave en la institucionalidad del país. Por ello, la transparencia y la verificación de requisitos son aspectos esenciales para garantizar la legitimidad del concurso.