Al cumplirse el primer año de funciones de la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana registra una sola ley aprobada de un total de 91 proyectos presentados hasta el 19 de mayo de 2026. Este complejo balance legislativo se desarrolla bajo acusaciones cruzadas en el Parlamento, donde el correísmo argumenta un bloqueo sistemático liderado por el presidente del Legislativo, Niels Olsen.
Por otro lado, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) los acusa formalmente de mantener una postura de "oponerse por oponerse" a las iniciativas gubernamentales. El sistema legislativo reporta que, de las 302 propuestas ingresadas en este periodo, el 30% corresponde a la Revolución Ciudadana.
Asamblea Nacional un lugar diaria confrontación
A pesar de este pequeño volumen, la única iniciativa aprobada, con apoyo de ADN, Partido Social Cristiano, Pachakutik e independientes, fue la Ley de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para niños, niñas y adolescentes, propuesta por Raúl Chávez, legislador hoy clandestino por la investigación penal del caso Goleada.
Adicionalmente, el proyecto sobre la obesidad, impulsado por Liliana Durán y Katherine Correa, muestra un avance legislativo considerable. Paralelamente, la bancada opositora denuncia una exclusión sistemática que neutraliza su rol fiscalizador en las comisiones de Protección Integral a la Niñez y de Garantías Constitucionales, controladas por el correísmo.
Según afirman, el Consejo de Administración Legislativa desvió indagaciones cruciales hacia mesas oficialistas. Por ejemplo, la fiscalización por la muerte de 12 neonatos en octubre de 2025, reclamada por Viviana Veloz para la mesa de la Niñez, fue asignada a la Comisión de Salud, dominada por el oficialismo.
Incurrenn en supuestas contradicciones flagrantes
Una situación idéntica ocurrió con el caso Progen, remitido por el CAL a la Comisión de Transparencia de Diana Jácome, restando competencia a la mesa de Garantías Constitucionales. En las deliberaciones del Pleno, la disputa se extiende a la participación parlamentaria.
De las más de 1.800 intervenciones registrada desde el 14 de mayo de 2025, el 35% pertenece a legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes afirman que Olsen limita su derecho a expresarse. Frente a esto, el oficialismo refuta las quejas señalando que el correísmo incurre en contradicciones flagrantes, como votar a favor de informes en comisiones y oponerse en el Pleno.
Esto último motivó una fuerte recriminación del presidente Olsen exigiendo coherencia política a los asambleístas actuales. Para mitigar este clima de confrontación, la jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, reconoció el 18 de mayo haber mantenido diálogos directos con Olsen para exigir la aplicación estricta de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
