El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) conoció este martes 2 de junio de 2026 un informe técnico integral que revela que 127 servidores entre jueces y fiscales se encuentran formalmente amenazados en el país. El documento oficial, estructurado con reportes actualizados de las 24 Direcciones Provinciales y la Corte Nacional de Justicia.
Dicho informe se elaboró con el propósito de diagnosticar la vulnerabilidad del sistema de administración de justicia y activar de forma urgente estrategias interinstitucionales de protección frente al incremento de riesgos y presiones delictivas externas.
El desglose del diagnóstico estadístico detalla que, de un universo total de 8.752 funcionarios que integran la función judicial a escala nacional, 127 han denunciado intimidaciones directas contra su vida, mientras que otros 23 operadores ya han sido víctimas directas de atentados y hechos de violencia física concreta.
Jueces y fiscales cuentan con seguridad policial
Asimismo, la Judicatura confirmó que, ante la inminencia de los riesgos analizados por las unidades de inteligencia, 58 servidores públicos cuentan actualmente con esquemas activos y medidas de resguardo policial vigentes para precautelar su integridad y la de sus entornos cercanos.
En el ámbito geográfico, la evaluación técnica determinó que la inseguridad judicial no se distribuye de manera uniforme, identificando ocho provincias que concentran los mayores niveles de criticidad y peligrosidad para el ejercicio de la magistratura.
Estas jurisdicciones de alto riesgo corresponden a Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, territorios donde la presencia de bandas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico ejerce una presión constante sobre jueces, fiscales y secretarios de unidades penales.
Acciones constan el Ministerio del Interior
Frente a este escenario adverso para el estado de derecho, las autoridades del Consejo de la Judicatura han impulsado la instalación inmediata de mesas técnicas de trabajo y mecanismos de articulación con carteras de Estado claves para la seguridad pública.
Entre las instituciones llamadas a coordinar estas acciones constan el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y los representantes gremiales de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj).
De manera paralela a estas coordinaciones operativas terrestres, el organismo rector avanza en la redacción final de un plan integral de seguridad institucional. Esta estrategia técnica de largo plazo buscará fortalecer el equipamiento, implementar tecnología de blindaje en infraestructuras y mejorar las condiciones metodológicas de protección de los tribunales ecuatorianos.
