El agente civil de tránsito Emerson C. M. fue sentenciado a dos años de pena privativa de libertad tras acogerse al procedimiento abreviado y aceptar su responsabilidad en el delito de cohecho, informó la Fiscalía. La decisión judicial se adoptó luego de comprobarse que recibió dinero para evitar imponer una multa durante un operativo de control.

Según el Fiscal del caso, los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2025, durante un operativo en la vía Balosa, en Machala, en el que participaron un ministro de Estado, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y varios agentes civiles de tránsito.

En ese contexto, el funcionario detuvo la marcha de un vehículo con la intención de sancionar al conductor por presuntas llantas lisas. A cambio de no imponer la multa, recibió 10 dólares del ciudadano.

Aprehensión del agente en flagrancia

Un miembro de la Policía se percató del intercambio de dinero, grabó el hecho en video y procedió a la aprehensión de ambas personas en delito flagrante.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, evidencias materiales y la certificación que acredita que el procesado es servidor público.

Además, se incorporaron pericias de identidad humana y de audio, video y afines, así como el informe técnico mecánico del automotor, el cual determinó que las llantas del vehículo estaban en buen estado.

Con base en estos elementos de convicción, el juez dictó sentencia condenatoria contra el agente de tránsito.

Proceso contra el conductor

En cuanto al conductor del vehículo, identificado como Franklin V. V., la Fiscalía emitió dictamen acusatorio por el mismo delito.

Tras la presentación de los elementos probatorios, el Juez de Garantías Penales resolvió llamarlo a juicio dentro de un procedimiento ordinario.

El proceso continúa en su contra conforme a las disposiciones legales vigentes.

Marco legal del caso

La causa fue judicializada por el delito de cohecho, tipificado en el artículo 280, incisos primero y quinto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La normativa establece sanciones para servidores públicos que soliciten o reciban beneficios económicos a cambio de omitir o alterar el cumplimiento de sus funciones, así como para quienes entreguen dichos beneficios.

El caso forma parte de las actuaciones judiciales relacionadas con presuntos actos de corrupción en operativos de control en vías públicas.