La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional avanzó este viernes 8 de mayo de 2026 en la construcción de un nuevo marco legal diseñado para blindar a los adultos mayores. El objetivo primordial de estas reformas es otorgar beneficios de protección jurídica que actualmente no existen, permitiendo que las personas adultas mayores cuenten con herramientas reales para defender sus bienes y recursos económicos frente a situaciones de vulnerabilidad.
La justificación de estos cambios nace de una realidad estadística preocupante: el 80 % de las agresiones contra adultos mayores proviene de su círculo más cercano, incluyendo hijos, hermanos y cuidadores. Por ello, la reforma no se limita a una declaración de principios, sino que busca garantizar la autonomía financiera del adulto mayor, impidiendo que el abuso patrimonial quede en la impunidad bajo la actual normativa, que se queda corta ante el despojo material.
Nuevos mecanismos para frenar la violencia patrimonial
El porqué de esta reforma en beneficio de los adultos mayores reside en la actual limitación de los jueces en materia de violencia intrafamiliar. Bajo el esquema legal vigente, las autoridades judiciales solo pueden sancionar agresiones físicas o psicológicas, dejando de lado la violencia patrimonial. Esto significa que las estafas relacionadas con el manejo de propiedades o el control indebido de las cuentas bancarias de los abuelos suelen quedar fuera del alcance de la justicia especializada, un vacío que la nueva ley pretende llenar de forma inmediata.
Para solucionar este conflicto, el proyecto unificado propone reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el fin de tipificar delitos específicos vinculados a la apropiación indebida de bienes y el manejo fraudulento de pensiones jubilares. El objetivo es que cualquier acto que atente contra el patrimonio de una persona de la tercera edad sea procesado con la misma severidad que una agresión física, otorgando así un beneficio de seguridad jurídica integral que proteja el esfuerzo de toda una vida.
Incremento de penas y protección de recursos económicos
Otro de los objetivos fundamentales es establecer un sistema de justicia más disuasivo a favor de . La propuesta legislativa contempla la aplicación de circunstancias agravantes establecidas en el artículo 48 del COIP. Esto implica que, en casos donde el agresor sea un familiar directo, un tutor o un representante legal, la sanción será la pena máxima aumentada en un tercio. Con esto, se busca proteger no solo el dinero de las víctimas, sino la confianza que estas depositan en sus cuidadores.
Este endurecimiento de las penas tiene como fin último evitar que las pensiones jubilares sean administradas de manera arbitraria por terceros. Al convertir el abuso económico en un delito penalizable con mayor rigor, la Asamblea Nacional pretende que los adultos mayores mantengan el control absoluto de su sustento, reduciendo la dependencia forzada y las situaciones de precariedad provocadas por el entorno familiar. Es una medida que busca devolver la dignidad y el respeto a la soberanía individual en la etapa de vejez.
Hacia una normativa de protección integral y social
Finalmente, el para qué de este proceso legislativo apunta a una transformación social profunda. La presidenta de la comisión, Diana Jácome, ha señalado que la meta es precautelar los derechos de los ciudadanos de la tercera edad mediante una normativa robusta y actualizada. Para lograrlo, la mesa legislativa continuará recibiendo aportes de académicos y organizaciones especializadas, asegurando que los beneficios de protección se ajusten a las necesidades reales de la población ecuatoriana.
La aprobación de estas reformas representaría un hito en la defensa de los derechos humanos en el país. Al reconocer la violencia patrimonial como un delito grave, el Estado ecuatoriano no solo castiga el abuso, sino que promueve una cultura de cuidado y respeto hacia los mayores. El seguimiento de esta normativa será clave para verificar que los nuevos beneficios legales se traduzcan en una disminución efectiva de los índices de maltrato y estafa que hoy afectan a miles de familias.
