El pleno del Consejo de la Judicatura destituyó el 24 de febrero de 2026 a la jueza anticorrupción Gabriela Lara, lo que dejó incompleto el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A, cuya audiencia está convocada para el 7 de marzo en Ecuador por el presunto delito de tráfico ilícito de combustibles.

La decisión afecta la integración del tribunal que debía instalar la audiencia contra 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, además de 16 personas naturales y seis empresas investigadas por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo.

Lara integraba la Sala de Juzgamiento junto con los jueces Jorge Sánchez, quien actúa como ponente, y Clara Soria. El tribunal convocó la audiencia para el sábado 7 de marzo y planificó jornadas hasta el 21 de marzo, con horarios extendidos. En una providencia emitida en enero, los magistrados señalaron que la diligencia se desarrollará de forma continua. El documento indica que el tribunal garantizará su "continuidad ininterrumpida hasta su conclusión".

Decisión del Consejo de la Judicatura

El pleno del Consejo de la Judicatura adoptó la destitución con los votos de Magally Ruiz, Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y del presidente encargado Damián Larco. La resolución también incluyó al juez Christian Quito. Ambos magistrados eran investigados dentro del denominado caso Fachada. En ese proceso se analiza una presunta red de corrupción que habría intentado liberar de forma irregular a familiares de un cabecilla criminal.

Pese a un informe de agosto de 2025 que recomendaba declararlos inocentes, el pleno resolvió su destitución. El documento fue elaborado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario durante la presidencia de Mario Godoy. Actualmente, el equipo técnico que emitió esa recomendación enfrenta un sumario administrativo.

Tribunal pendiente de nueva integración

La salida de Gabriela Lara obliga a que se asigne, mediante sorteo, a un nuevo juez que asuma las causas del despacho, incluido el caso Triple A. La normativa dispone que la designación debe realizarse de inmediato.

El tribunal también debe resolver la excusa presentada por el juez Christian Fierro, quien integró originalmente la sala. El magistrado presentó su excusa tras el levantamiento de una suspensión de tres meses que el CJ había impuesto. La conformación definitiva del Tribunal de Juzgamiento resulta clave para instalar la audiencia del 7 de marzo, donde se determinará la responsabilidad penal por el presunto tráfico ilícito de combustibles.

Otros pedidos dentro del proceso

En paralelo, la defensa de la empresa pública Petroecuador, que actúa como acusadora particular, solicitó al juez anticorrupción Carlos Serrano que evalúe la pertinencia de excusarse del caso. Serrano integró el tribunal sorteado para la fase de juicio. El juez presentó su renuncia el 17 de diciembre ante la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, aunque el CJ aún no la acepta.

El magistrado denunció presiones y amenazas tras intervenir en otro proceso penal. Sin embargo, mientras su renuncia no sea aceptada, mantiene su condición formal dentro de la judicatura. El caso Triple A investiga una presunta estructura dedicada al tráfico ilícito de combustibles. La audiencia prevista busca resolver la situación jurídica de 22 procesados y definir si existen responsabilidades penales.

La reorganización del tribunal deberá concretarse antes del inicio del juicio. El Consejo de la Judicatura debe ejecutar el sorteo correspondiente para completar la Sala de Juzgamiento.