El coordinador de la Comisión Anticorrupción Capítulo Manabí, Patricio García, afirmó que a diez años del terremoto del 16 de abril de 2016 aún persisten interrogantes sobre el destino de los recursos que se recaudaron para atender la emergencia y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas en Manabí y Esmeraldas.

En una entrevista concedida a Manavisión Plus, sostuvo que la tragedia no solo dejó pérdidas humanas y económicas, sino también una deuda pendiente en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos que se reunieron tras el desastre.

García recordó que luego del sismo se adoptaron varias medidas extraordinarias para enfrentar la crisis y financiar la recuperación de las ciudades afectadas. Entre ellas se incluyó la denominada Ley de Solidaridad, que elevó temporalmente el impuesto al valor agregado al 14 %, además de aportes provenientes de donaciones de sueldos de funcionarios públicos y privados, contribuciones voluntarias y otras disposiciones tributarias adoptadas durante ese periodo de emergencia.

Según explicó, esas decisiones se tomaron en un contexto económico complejo para el país, pero contaron con el respaldo de la ciudadanía que buscaba aportar a la reconstrucción.

De acuerdo con el dirigente, a ese conjunto de recursos se sumaron aportes de la cooperación internacional y créditos externos gestionados por el Estado ecuatoriano. En ese proceso se recibieron aproximadamente 800 millones de dólares provenientes de donaciones de países amigos y organismos multilaterales, además de un crédito cercano a los 1.000 millones de dólares otorgado por el gobierno de la República Popular China.

Al sumar esos montos con los ingresos generados por las medidas tributarias internas, el total de recursos disponibles para la reconstrucción alcanzó alrededor de 3.500 millones de dólares, recordó.

Recursos millonarios y cuestionamientos

Según explicó García, las pérdidas provocadas por el desastre natural fueron valoradas en alrededor de 3.000 millones de dólares, lo que significa que los recursos recaudados para enfrentar la emergencia superaron el cálculo inicial de los daños. Esa diferencia, a su criterio, debería reflejarse en una reconstrucción visible y en proyectos que hayan permitido reactivar las zonas afectadas. Sin embargo, sostuvo que la realidad actual en varios cantones de Manabí y Esmeraldas muestra un panorama distinto.

El representante de la Comisión Anticorrupción manifestó que a una década del desastre muchas de las obras que se anunciaron como parte del proceso de recuperación no se concretaron o no alcanzaron el impacto esperado. En ese contexto, indicó que organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han planteado la necesidad de exigir explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados, pues consideran que la magnitud de los fondos no se refleja en la infraestructura ni en la reactivación económica de las localidades afectadas.

En ese marco, anunció que la Comisión Anticorrupción de Manabí y diversas organizaciones sociales han impulsado reuniones y espacios de análisis para promover lo que denominan una jornada de rendición de cuentas. El objetivo, explicó, es exigir que las autoridades expliquen de manera clara cómo se administraron los recursos destinados a la reconstrucción y qué obras se ejecutaron con esos fondos.

Obras cuestionadas dentro de la reconstrucción

Durante la entrevista, García también mencionó algunos proyectos que, a su criterio, se financiaron con recursos de reconstrucción pese a que no guardaban relación directa con los daños ocasionados por el desastre. Uno de los casos que citó fue el puente Quimís, una obra que requirió una inversión cercana a los siete millones de dólares. Según explicó, esa infraestructura era necesaria dentro de la red vial del país, pero no habría sufrido afectaciones derivadas del evento sísmico.

Desde su perspectiva, proyectos de ese tipo debieron ejecutarse con recursos ordinarios del Estado, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), y no con fondos destinados a atender las consecuencias del desastre.

García sostuvo que la utilización de recursos de reconstrucción en obras que no fueron afectadas por el sismo pudo haber reducido la disponibilidad de financiamiento para atender necesidades urgentes en zonas gravemente golpeadas.

El dirigente señaló que esos recursos, por ejemplo, pudieron destinarse a proyectos prioritarios en cantones como Pedernales, considerado el epicentro del desastre y donde aún existen demandas de infraestructura básica. En ese sentido, indicó que varias comunidades continúan enfrentando problemas relacionados con servicios públicos, vivienda y equipamiento institucional.

Fiscalización limitada y procesos judiciales tras el terremoto

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el nivel de fiscalización que se realizó sobre el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción. García explicó que, según los informes disponibles, apenas entre el 15 % y el 16 % de la masa total de recursos fue auditada por los organismos de control. Esa situación, señaló, limita la posibilidad de conocer con precisión cómo se administraron los fondos en su totalidad.

En materia judicial, sostuvo que el único proceso que culminó con una sentencia estuvo vinculado a una auditoría realizada por la Contraloría de Manabí, mientras que otros casos relacionados con posibles irregularidades no avanzaron en las instancias judiciales. Entre esos procesos mencionó investigaciones vinculadas con demoliciones de estructuras que finalmente quedaron archivadas.

Para el coordinador de la Comisión Anticorrupción, la limitada fiscalización y el bajo número de procesos judiciales concluidos generan preocupación en la ciudadanía, ya que el país movilizó una cantidad significativa de recursos para enfrentar las consecuencias del desastre. En su opinión, ese escenario refuerza la necesidad de promover investigaciones que permitan esclarecer responsabilidades.

Obras pendientes en zonas afectadas

García también se refirió a proyectos que, según indicó, continúan pendientes en varios cantones de la provincia de Manabí. Entre ellos mencionó sistemas de alcantarillado sanitario, estaciones de bomberos, proyectos hospitalarios y programas de vivienda que fueron anunciados en el marco del proceso de reconstrucción.

El dirigente explicó que en varios cantones de la zona norte de la provincia aún se observan necesidades de infraestructura que fueron identificadas tras el desastre. En ese contexto mencionó, por ejemplo, proyectos sanitarios y equipamientos institucionales que, según dijo, formaban parte de los planes iniciales de reconstrucción y que no se han concretado completamente.

Ante esa situación, sostuvo que es necesario impulsar un proceso de investigación más amplio que permita revisar el destino de los recursos disponibles y establecer responsabilidades sobre el manejo de los fondos públicos. Desde su perspectiva, esa investigación debería contar con el respaldo del Ejecutivo o de la Asamblea Nacional mediante la conformación de una comisión especial.